Estafas
La Guardia Civil desmantela una red de venta fraudulenta de mascotas que operaba entre España, Colombia y Camerún.
¿Qué puede llevar a una persona a dejarse engañar por comprar algo que puede tener gratis? La Guardia Civil ha desmantelado una red dedicada a vender fraudulentamente mascotas. Era una estafa, porque esas mascotas no existían. Pero, al menos, 250 personas han pagado una media de 600 euros por comprar uno de esos perros. Algo que en España se puede tener fácilmente adoptando uno de los muchos que esperan en algún refugio.
Una denuncia dio inicio a una investigación que ha puesto fin a, al menos, tres años de actividad fraudulenta de esta organización. Como en la mayoría de las estafas la mecánica era aparentemente sencilla. A través de diversos portales de compraventa en internet ofrecían perros de compañía. El precio era de unos 500 euros por animal. Por supuesto, se exigía un primer pago a las víctimas. Al que seguía la exigencia de un segundo ingreso, sin haber recibido aún la mascota. Si las víctimas se negaban a ese segundo pago "eran amenazadas de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas y esas amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte", según la información facilitada por la Guardia Civil.
Los agentes han podido acreditar, de momento, la supuesta estafa a 250 personas en España, a las que habrían sacado un total de 150.000 euros. En los tres años en que se supone que han estado actuando, los detenidos han llegado a ingresar más de tres millones de euros en efectivo y han operado un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas. Con ese volumen de dinero, no se descarta que pueda haber muchos más estafados o que sus actividades delincuenciales fueran más amplias.
Las víctimas están repartidas por 43 provincias españolas, casi todo el país. Fuentes de la Guardia Civil señalan que los supuestos perros no existían. Todo era una simple estafa económica. El propietario de un locutorio de Valencia y su pareja han sido un punto clave en la investigación. Estos locales suelen ofertar también la realización de transferencias económicas. La pareja ha ingresado en cajeros automáticos de diversas provincias unos tres millones de euros. Este dinero era convertido después en criptomonedas y enviado a cientos de direcciones de estas monedas virtuales para dificultar, así, su rastreo.
La organización tenía tres niveles entre sus integrantes. En el más bajo, personas ubicadas en España y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde depositar los beneficios de esta actividad fraudulenta. Un escalón por encima estaban las personas que recibían ese dinero, lo convertían en criptomonedas y lo enviaban a monederos virtuales. Esas direcciones de criptomonedas eran operadas por el escalón más alto, por miembros de la red ubicados en Colombia y Camerún. En este país africano se supone que están los auténticos cabecillas de la banda.
Hay 25 personas detenidas en España y tres en Cúcuta, Colombia. Ninguna en Camerún. A los detenidos, y a otras 30 personas investigadas, se les atribuyen 681 delitos, entre estafas, usurpación de estado civil, falsificación de documentos, amenazas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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