Alberto Casero
El Tribunal Supremo investigará al diputado del Partido Popular, Alberto Casero, por la presunta adjudicación de cinco contratos a dedo.
El diputado del Partido Popular que protagonizó uno de los momentos más surrealistas en el Congreso de los Diputados tras equivocarse de botón en la votación de la reforma laboral vuelve a la palestra. El nombre de Alberto Casero Ávila reaparece, aunque esta vez se trata de un tema judicial. El Tribunal Supremo le investigará por supuestamente adjudicar hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo, en Cáceres.
La Sala de lo Penal del TS abre una causa contra el diputado del PP y designa como instructor al juez Andrés Palomo. El auto ha indicado que los hechos atribuidos al diputado y aforado, podrían ser constitutivos de delito. La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Trujillo pidió al Supremo que le investigara por los contratos adjudicados en 2017 y 2018. La Fiscalía apoyó la decisión subrayando posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El que fuera la mano derecha del ex secretario general del PP, Teodoro García Egea será investigado por la contratación de un psicólogo, una gala de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú y por la promoción de la Feria Nacional del Queso.
Contratos bajo sospecha cuando era alcalde de Trujillo
El TS ha repasado la exposición razonada del juzgado de Trujillo en ocho folios. La prueba documental y testifical que ha aportado el juzgado, indica indicios de la adjudicación de contratos por parte de Casero sin sujetarse al procedimiento correcto. Por lo que a su juicio, se comprometió al pago de varias cantidades económicas sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes correspondientes.
En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato de un pago de 25.000 euros. Ese mismo año, Alberto Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación para aportar 18.000 euros.
La exposición razonada en el Supremo recoge otro contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para organizar un evento por 14.303 euros más IVA. El último de los contratos se remonta también a 2018, cuando se adjudicó a Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo superior a 15.000 euros.