DESCARTA MOVIMIENTOS SÍSMICOS RELEVANTES
José Manuel Soria confirmó que los expertos han establecido una "alta probabilidad de que haya relación directa entre las inyecciones de gas y el conjunto de los movimientos sísmicos de la zona costera de Castellón".
En todo caso, según el ministro, los expertos del Instituto Geográfico Nacional y Instituto Geológico Minero aseguran que "el riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitado".
"El riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitado"
Soria aseguró que no volverán a hacerse inyecciones de gas hasta que no haya total seguridad y, por tanto, la actividad de la plataforma está suspendida por un tiempo indefinido.
Además, el Gobierno anunció que una auditoría externa analizará los costes de construcción de la infraestructura, y el ministro Soria dejó entrever que puede haber sobrecostes en el gasto de construcción previsto (700 millones de euros), aunque no detalló en cuánto y fijó los detalles para cuando la auditoría esté concluida.
El ministro no ha desvelado si el Estado tendría que compensar a la empresa gestora del proyecto Escal UGS (participada en 66,67 % por ACS) por la rescisión de la concesión, en caso de que esta se produjese.
Esta semana, la agencia de medición de riesgos Fitch aseguró en un informe que, en caso de que se retire la concesión, el Estado tendría que indemnizar a la empresa por un importe igual al valor contable del proyecto.
Soria ha apuntado que la única actuación del Gobierno respecto al proyecto a lo largo de esta legislatura "ha sido disminuir el nivel de retribución que se había fijado", al considerar "que era excesivo".
Ha recordado que las infraestructuras como el almacenamiento Castor se financian con cargo al sistema gasista, pero solo una vez que hayan entrado en funcionamiento, algo que no ha sucedido en este caso.
Preguntado sobre quién se hará cargo de los gastos del cierre del almacén, Soria recalcó que la planta nunca ha estado operativa y que trabajaba con una licencia provisional que ha sido revocada. En todo caso, no descartó la posibilidad de que sea el Estado quien se haga cargo de los gastos y recalcó que la infraestructura de Castellón "se financia con cargo al recibo de los consumidores".