Sanidad
El ministro de Sanidad ha tomado la decisión tras reunirse hoy en Consejo Interterritorial. El uso de mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias deja de ser obligatorio
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado este viernes poner fin al uso obligatorio de mascarilla en los centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Una norma que ha sido avalada por "consenso" en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Acaba su uso generalizado, pero se recomienda cuando haya síntomas de infección respiratoria. España despide más de 1.140 días de uso obligatorio de la mascarilla en algún ámbito. La norma está a la espera de ser aprobada en el Consejo de Ministros, previsiblemente la próxima semana. Una vez aprobada, el real decreto ya no reflejará la obligación, sino será solo una recomendación.
En cualquier caso, tal y como ha deslizado el ministro José Miñones en las últimas semanas, aún se podría mantener la obligatoriedad de las mascarillas en algunos espacios sanitarios donde haya especiales características y pacientes inmunodeprimidos, como las UCI, las zonas de oncológicos, quirófanos o Urgencias.
El asunto se ha tratado en el segundo punto del Orden del Día del CISNS, titulado 'Situación epidemiológica y vacunación frente a la COVID-19, y acuerdos que procedan'.
"Estamos más cerca de que sea un uso recomendado, más que obligatorio", había dicho horas antes el ministro de Sanidad, José Miñones, al tiempo que avanzaba que, a partir de octubre, comenzará la campaña de refuerzo de los mayores de 80 años y profesionales sanitarios con la vacuna española Hipra.
Aunque la norma ya ha sido aprobada, aún no ha entrado en vigor. Ha sido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el que ha dado la luz verde a la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en hospitales y farmacias. Pero aún falta un paso más: tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros.
Una vez que se apruebe en la reunión del Consejo Ministros, un tema que se abordará previsiblemente el martes de la próxima semana, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, así, entraría en vigor.
El ministro de Sanidad, José Miñones, que asumió el cargo sustituyendo a la exministra Carolina Darias ha destacado que la decisión de poner fin a las mascarillas en hospitales y farmacias no se ha podido tomar con anterioridad a esta fecha teniendo en cuenta que el 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) decreto el final de la emergencia sanitaria y, por lo tanto, "este ha sido el primer pleno en el que hemos podido llevarla a consulta habiendo sido abordada también en la ponencia de expertos".
También ha respondido a las críticas vertidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que aseguran que se trata de una decisión "electoralista" y Miñones responde que se ha producido por "responsabilidad". Y ha destacado que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta el informe de los expertos sobre la situación epidemiológica y vacunación frente a COVID-19.
En los peores momentos de la pandemia de coronavirus, la mascarilla para prevenir infecciones por Sars-CoV-2 era obligatoria en prácticamente todos los lugares, tanto espacios exteriores como interiores.
La relajación de las medidas originó que dejará de ser obligatoria en exteriores y pasara a ser solo necesaria en interiores: comercios, centro comerciales, cines, transporte, hospitales...
Hace unos meses, España dio un paso más y eliminó la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos. Esta medida se produjo meses después de que lo aprobaran el resto de Europa, aunque se mantenía la recomendación de utilizarla con el fin de prevenir contagios de coronavirus.
Además de las mascarillas, el CISNS ha votado varios documentos, como el informe anual sobre Violencia de Género 2022 y el acuerdo de revisión y nuevas patologías y procedimientos para cuya atención es preciso designar Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en el Sistema Nacional de Salud.
También se ha abordado el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos, médicos, odontólogos, farmacéuticos y enfermeras y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos, por un importe de 57.229.053,17 euros, y los criterios de distribución de fondos a las comunidades autónomas y al INGESA para 2023.
Entre tanto, se ha dado luz verde al reparto de 579.175.000 euros a las comunidadesy el INGESA para Atención Primaria y de otros 38,5 millones para salud mental. Además, está sobre la mesa el acuerdo por el que se amplía el plazo para la ejecución de las actuaciones previstas en el acuerdo de criterios para distribuir 13 millones para el sistema de información de la Red Vigilancia en Salud Pública y el reparto de 2,8 millones para estrategias frente a enfermedades raras y enfermedades neurodegenerativas.