Profesionales afirman que no han sido consultados sobre el protocolo de abortos en Castilla y León

La polémica está servida en la Junta de Castilla y León. El presidente y vicepresidente de la comunidad se contradicen. Mientras que Alfonso Fernández Mañueco asegura que los médicos "no están obligados a nada", Juan García Gallardo afirma que "va a ser imperativo que los médicos ofrezcan la posibilidad" de ofrecer los latidos fetales y ecografías 4D a las embarazadas que quieran abortar. Mientras, los ginecólogos de Castilla y León recuerdan que no han sido consultados.

Además, las sociedades científicas recomiendan que la ecografía 4D y el latido cardiaco no deben hacerse hasta la semana 12 de gestación. Ningún hospital de Castilla y León ha recibido indicaciones. Partido Popular y Vox ofrecen lecturas diferentes sobre el nuevo protocolo de aborto. Los populares dicen que todavía no ha entrado en vigor y los de Vox afirman que sí.

Abel Renuncio, de la Unidad de Atención a la Mujer del Hospital Universitario de Burgos, exclama que el protocolo y los anuncios en la Junta "creemos que obedece al desconocimiento del trabajo de los profesionales que venimos haciendo por las mujeres y al desconocimiento de lo que es un embarazo tanto deseado como no deseado".

"Esto constituye a una infantilización de la mujer. Considerar a la mujer como necesitada de tutela para tomar decisiones", ha denunciado Abel Renuncio.

El Gobierno carga contra Castilla y León

Con la mirada en el mismo lugar, todo el Gobierno coordinado ha cargado con dureza contra el protocolo de abortos en Castilla y León tras las palabras de García-Gallardo. "El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial al Gobierno de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ni un paso atrás en los derechos y libertades de las mujeres", anunció la ministra de Sanidad Carolina Darias.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha acusado al Ejecutivo de vulnerar su autonomía y ha advertido que no descartan iniciar "acciones judiciales". Destacan que intención es la de velar "por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".