14 familias de alumnos personadas en la causa
El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha procesado al excoordinador de Educación Infantil y Primaria del colegio La Salle Maravillas de Madrid Pedro Antonio R. L. por, supuestamente, abusar sexualmente de doce menores entre los años 2013 y 2016, así como de dos personas mayores de edad.
Fuentes jurídicas han informado de que la magistrada Patricia Jiménez Alfaro ha dictado auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado -paso previo a la apertura de juicio oral- en el que le procesa por los delitos de abuso sexual a menores, corrupción de menores y contra el derecho a la intimidad.
Ahora, la juez da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. El acusado, que se encuentra privado de libertad desde su detención y posterior ingreso en prisión el 30 de septiembre de 2016, fue citado nuevamente por la juez para comunicarle su procesamiento pero se acogió a su derecho a no declarar.
Tampoco ha vuelto a reclamar su puesta en libertad una vez la Audiencia Provincial confirmó hace unas semanas la prisión provisional al manifestar que existe un alto riesgo de fuga del exprofesor ante el poco arraigo que tiene en España así como de destrucción de pruebas.
Pero además la Sala destacó que los hechos que se le imputan son realmente graves al implicar a varios menores, puesto que hay 14 familias de alumnos personadas en la causa, además del propio colegio como acusación popular.
El exdocente argumentó en su escrito presentado al juzgado que la instrucción estaba casi terminada, por lo que no tenía sentido mantener una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva. Además, defendió que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
La instrucción, ya finalizada, se ha centrado en el visionado de las imágenes y vídeos hallados al exprofesor que guardaba en su domicilio, principalmente fotografías de menores en las que aparecen dormidos, aunque se desconoce si este material lo guardaba para él o, por el contrario, lo intercambiaba en alguna página web.
Se trata de la única prueba, junto a las declaraciones de los menores ante el Centro especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), que se ha practicado hasta el punto de que las fuentes explican que no se ha citado a nadie a declarar en sede judicial, salvo al propio investigado.