Barcelona
Una magistrada de Barcelona ha ratificado la sanción de 90.001 euros a una persona que alquilaba un piso en el que el requisito principal era ser "una persona española". Tal y como ha confirmado el ayuntamiento de la capital catalana, se trata de la primera sentencia en España referente a un caso de discriminación en el acceso a la vivienda "en ejercicio de la tutela administrativa".
Sentencia pionera en España
Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando la Oficina por la No Discriminación del ayuntamiento detectó este anuncio tras una denuncia por parte de un ciudadano que pedía que se resolviera la situación.
En marzo de 2020, el consistorio comunicó al agente inmobiliario la sanción por vulnerar la Ley Catalana del Derecho a la Vivienda y quebrantar la legislación internacional y europea en materia de derechos humanos. Tras la notificación, el propietario recurrió la sanción al juzgado contencioso-administrativo. Sin embargo, este jueves, y tras más de un año de litigio, la justicia catalana ha ratificado la multa.
Sanción por racismo inmobiliario
Según los últimos datos, el racismo en el acceso a la vivienda alcanza ya el 7,4 % de los casos detectados en la ciudad. En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha detallado que las principales causas de esta discriminación racial "se asocian a prejuicios de presunción de precariedad económica y de mal uso del inmueble, mientras que en el mantenimiento y permanencia en la misma están relacionados con las actitudes de la persona arrendataria y las relaciones con el vecindario, que tiende a culpabilizar a determinados grupos étnicos y poblacionales de cualquier suceso negativo que se produce".
Al respecto, Igualdad también ha explicado que "las manifestaciones de la discriminación racial se suelen presentar de forma oculta, a partir de excusas, del aumento de los requisitos para acceder al inmueble, o de la no renovación del contrato de alquiler".
Así, las situaciones de exclusión residencial más comunes, que incluso pueden darse al mismo tiempo, son "habitar infravivienda; el subarriendo de habitaciones sin amparo legal y morar en viviendas bajo situaciones de hacinamiento", se subraya en el informe ministerial 'Discriminación racial y los asentamientos informales'.