Juicio
Se celebra en Barcelona el primer juicio en España por difundir una noticia falsa e imponen una condena de 15 meses de cárcel más multa para el acusado.
Se trata de un juicio sin precedentes el que se celebra este martes en Barcelona. Será el primer juicio por una 'fake news', una noticia falsa para difamar a menores extranjeros no acompañados, que se celebre en España.
El juicio se celebra este martes 8 de noviembre en la Audiencia de Barcelona, que juzgará a un tuitero acusado de difundir un vídeo falso y será el primero en sentarse en el banquillo de los acusados por publicar 'fake news'.
El acusado es un tuitero acusado de difundir un vídeo falso que atribuía un menor extranjero no acompañado una agresión en Canet de Mar. Lo cierto, es que esa agresión no se produjo en España, sino que en realidad ocurrió en China, y el vídeo había sido difundido por las autoridades de ese país para identificar a su autor.
La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que el procesado actuó "movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí" cuando publicó un vídeo que aseguraba que correspondía a una violación que había ocurrido días antes en Canet de Mar.
La Fiscalía pedía para él la condena de dos años de cárcel y una multa de más de 6.000 euros por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas. Pero el tuitero ha aceptado una condena de quince meses de cárcel por publicar un vídeo falso que atribuía a un menor inmigrante no acompañado la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en China.
15 meses de cárcel
El tuitero ha reconocido los hechos y a aceptado ante el tribunal de la sección sexta de la Audiencia de Barcelona la condena de 15 meses de cárcel por un delito delito contra los derechos fundamentales. Incluye una multa de 1.620 euros así como la prohibición de ejercer actividades docentes o deportivas durante cinco años.
La defensa del procesado ha pedido al tribunal que suspenda su ingreso en prisión, a lo que la Fiscalía se ha mostrado favorable dado que carece de antecedentes penales y ha aceptado cerrar sus perfiles en redes sociales.
El ministerio público, que solicitaba inicialmente una pena de dos años de cárcel, ha pedido como condición para suspenderle el ingreso en prisión que durante dos años no utilice perfiles en redes sociales "con contenido de odio".