UNA PRÁCTICA "MUY HABITUAL"
El caso del pequeño Julen, el niño de dos años atrapado tras caer a un pozo, ha destapado un dato preocupante: en España hay miles de pozos ilegales, una práctica muy "habitual" por la que la Guardia Civil recibe cientos de denuncias al año.
La Península está repleta de pozos ilegales de los cuales la Guardia Civil destapa unos 3.000 cada año.
Las multas por construir pozos sin los permisos pertinentes suelen ser de unos 5.000 euros, una cifra que a veces sale más rentable que hacerlo por la vía legal dado que para construir un pozo se tienen que pedir múltiples permisos a diferentes administraciones: primero al al ayuntamiento correspondiente, a la Confederación Hidrográfica de la zona a la que se pertenece y a la Consejería de Medioambiente.
Este trámite supone además de mucho papeleo una espera de en torno a un año hasta que las diferentes administraciones ofrecen una respuesta. Es por ello que mucha gente opta por construir pozos ilegales a pesar de las multas que esto conlleva.
Las infracciones por tener un pozo al margen de la ley y extraer agua de él van desde las leves, que pueden ser multas de hasta 10.000 euros, menos graves (hasta los 50.000 euros) y muy graves (más de medio millón de euros).