ENTREVISTA
La abogada y criminóloga Beatriz Vicente ha explicado que, lo habitual cuando las penas son como la de La Manada (nueve años) es que "se prorrogue la prisión preventiva hasta la mitad de la condena, porque se entiende que puede haber riesgo de fuga ante la inminencia de que, a instancias superiores, se corrobore la condena".
Asimismo, cree que el motivo por el que la magistrada la virado en su posición es porque ya no se ha tenido en cuenta que haya que asegurar la presencia de los involucrados en el juicio, porque ya se ha producido y el miedo a que se destruyan pruebas ya no es aplicable.
Ahora, cabe una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia que ratifique o no la sentencia, y la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.