Ataque en Algeciras
Entró en España en 2019 de manera irregular y desde junio de 2022 tenía una orden de expulsión. Vivía en un piso ocupado en Algeciras, cerca de las iglesias donde llevó a cabo el ataque.
La Policía está intentando averiguar lo que motivó a Yassin Kanjaa, un ciudadano marroquí de 25 años, a matar a machetazos a Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, y a herir al sacerdote Antonio Rodríguez, de la parroquia de San Isidro.
Aunque aún no hay una hipótesis clara sobre las causas del crimen, en el registro de la vivienda del atacante los investigadores han encontrado varios dispositivos informáticos con contenido yihadista que el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, relaciona con el salafismo yihadista.
En el auto el magistrado ha detallado que los ataques perpetrados por Kanjaa son constitutivos de un delito de asesinato y lesiones con instrumento peligroso con fines terroristas.
En este sentido el ministro Fernando Grande-Marlaska también ha explicado que Kanjaa "no estaba en el radar de ningún servicio nacional por radicalización", aunque ha destacado la posible "naturaleza terrorista" de su agresión. También ha contado que tiene antecedentes psiquiátricos y estuvo varias veces ingresado en Tánger, por lo que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.
Estaba pendiente de la expulsión
El pasado 16 de junio los agentes le identificaron en Algeciras y comprobaron que permanecía en situación irregular, aunque no constaban antecedentes policiales ni en España ni el el resto de la Unión Europea, al menos con la identidad de Yassin Kanjaa.
Desde entonces tenía una orden de expulsión que nunca llegó a hacerse efectiva porque tal y como ha explicado el departamento que dirige Grande-Marlaska, al tratarse de "un procedimiento administrativo con todas las garantías, su ejecución no es inmediata".
Solicitan la prórroga de detención
La Policía ha solicitado formalmente al juez Gadea, prorrogar la detención del homicida de Algeciras, por lo que no pasará a disposición judicial hasta el próximo lunes, agotando así los cinco días máximos de detención que permite la ley en casos de terrorismo.
Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha considerado "vil y execrable aprovechar el recogimiento de la oración en lugares de culto para atacar a personas inocentes". En la misma línea la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), que también ha expresado su "repudio" al "salvaje" crimen, ha pedido que este hecho "no se instrumentalice para alentar la islamofobia".