Coronavirus
El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, se ha pronunciado a favor de controlar que los trabajadores tengan el certificado COVID pudiendo suspender de empleo y sueldo a quienes no puedan mostrarlo.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña ha elevado el tono en cuanto a exigencias a los trabajadores sobre el certificado COVID. El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha manifestado que habría que suspender de empleo y sueldo a aquellos trabajadores que no puedan mostrarlo.
"Cuando un trabajador decide ni vacunarse ni hacerse la prueba para acceder al centro de trabajo, ni colaborar en el interés común ni en la salud de todos, pues que se suspenda el contrato de trabajo y la persona deje de recibir su salario", asegura Ginesta.
Además defiende que su propuesta no limita los derechos individuales sino que lo que hace es fortalecer los colectivos y el bien común favoreciendo que los centros de trabajo sean lugares seguros y donde el riesgo de contagio sea bajo. Ginesta argumenta que el derecho no vacunarse no puede ser "a costa de exponer otros compañeros o las empresas a un mayor riesgo de contagio".
Ha propuesto establecer un mecanismo de control a través de una aplicación móvil que "verifique el estado de la persona". En la entrevista concedida a Rac1 también aboga porque los centros de trabajo sean espacios de vacunación, algo que para él sería un incentivo para el empleado.
Ha asegurado que en algunos países teletrabajar no exime de vacunarse y que los trabajadores que no quieren recibir la vacuna tienen que sufragarse sus pruebas de detección, que tienen una validez de entre 48 y 72 horas, dependiendo del tipo.
CCOO ve "desproporcionada" la medida
El sindicato ha lamentado estas declaraciones y ha recordado que cualquier vacuna no es voluntaria según nuestro ordenamiento jurídico y que su obligatoriedad solo la pueden dictar las autoridades sanitarias con una ratificación judicial.
Para CCOO, estos planteamientos de las patronales son "contrarios" a los derechos fundamentales de los trabajadores y no responden a un interés público y general, ya que considera que no tiene ningún sentido que los trabajadores estén obligados a vacunarse compartiendo espacio con clientes, proveedores o usuarios que pueden no estar vacunados