SON VECINOS DE PINTO, MADRID
María del Carmen Lebrón, de 81 años, y Antonio Pleguezuelo, de 76 han recibido una orden de desahucio que les insta a abandonar el inmueble en el que residen desde hace 50 años en el número 5 de la calle Velázquez de Pinto antes del 30 de enero de 2017, cuando se producirá el lanzamiento de la vivienda.
El matrimonio tiene reconocida una discapacidad del 70% porque no oyen, y al no saber leer ni el lenguaje de signos necesitan ayuda para muchos de los trámites diarios, explica Benjamín Pleguezuelo Lebrón, el hijo mediano de la familia, de tres hermanos.
Benjamín, de 43 años, fue quien descubrió que uno de sus hermanos, Goyo (37 años), había hecho que sus padres firmasen en 2005 un aval para adquirir una vivienda cuya hipoteca dejó de pagar al quedarse sin empleo, una deuda de cerca de 102.000 euros que Bankia busca saldar con la vivienda de 50 metros que el matrimonio adquirió en 1969.
El hijo mediano de la pareja descubrió en una carta el apercibimiento por el préstamo del banco; como sus padres no saben leer, detalla Benjamín, cuando reconocen un logotipo de una entidad bancaria o de Hacienda avisan a una vecina, que llama a los hijos del matrimonio. "No les dijo que estaban firmando un aval y las consecuencias que podría traer", recalca Benjamín, que tras leer la carta llamó a su hermano para saber qué había ocurrido y averiguó que no sólo una vez, sino dos, -la segunda vez en 2010 para una ampliación del préstamo- sus padres habían firmado en presencia de sendos notarios textos que desconocían.
Uno de los notarios, después de que un intérprete abandonase la sala al no saber María del Carmen y Antonio lenguaje de signos, escribió a mano "leo en voz alta", detalle destacado tanto Benjamín como la letrada del caso, Carmen Ten Martín.
Actualmente, la familia espera el resultado de un recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Madrid, después de que en primera instancia fuera rechazada su petición de nulidad del préstamo hipotecario por ser sin consentimiento.
La letrada ha pedido también la moratoria de la ejecución hipotecaria. El argumento para rechazar el recurso fue que si el matrimonio tenía la capacidad para interponer el procedimiento, también la tuvieron para firmar el aval, según detalla Ten Martín.
En el caso "se ha juntado todo" según la abogada, que señala que la entidad financiera -Bankia- "sabía que eran sordomudos y analfabetos y admitieron las firmas sin testigos y sin nada" y califica de "impresionante" la actuación de los notarios. La letrada estudia ahora interponer una denuncia penal contra estos notarios.
Con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Benjamín pretende que sus padres reciban un alquiler social. "Me da lo mismo quien tenga la culpa, quien no la tenga... Yo sé que mis padres se quedan en la calle y es lo que me preocupa hoy en día" explica Benjamín, que señala que su hermano hizo mal no explicándole a sus padres lo que firmaban y que ahora "tiene que apechugar", aunque añade que Goyo hizo lo mismo que muchos jóvenes: acudir a sus padres para que le avalasen. "Pediría igual el alquiler social hubieran sabido o no lo que han firmado", concluye.