PODRÁN QUEDARSE TRES MESES MÁS
Una familia del municipio valenciano de Oliva; formada por Alisa, José y sus tres hijos menores de 10, 9 y 3 años; tenía programado para este viernes su tercera orden de desalojo de una casa que 'okupan' ilegalmente desde hace año y medio. Accedieron a ella porque no tenían ingresos, siendo conocedores de que no era legal. Las otras dos notificaciones de lanzamiento se produjeron en junio de 2017 y en febrero de 2018.
La ONU emitía este martes un comunicado por el que instaba a España a que paralizara el desahucio de esta familia para evitar consecuencias "irreparables". Es la primera vez que el Alto Comité de Derechos Humanos ampara a una familia valenciana por medio de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que comunicó el caso al organismo internacional.
Además, la entidad propietaria de la viviendia, Bankia, ordenaba este jueves, al juzgado de Gandía que lleva el caso, la suspensión del desalojo y el Ayuntamiento ha ofrecido dos viviendas a la familia. De esta manera, este viernes, a pesar de la suspensión del desalojo, la plataforma se ha concentrado en apoyo a la familia a las puertas del domicilio en la calle Santa Bárbara, a la que han acudido varios vecinos.