EN GRANADA
Juana Rivas, la mujer que debía entregar a sus dos hijos, de once y tres años, al padre por orden de un juzgado, no se ha presentado en el punto de recogida y su abogada, María Castillo, ha asegurado en rueda de prensa que se encuentra en paradero desconocido e ignora será su actuación a partir de ahora. Pasadas las 16:30 horas, plazo establecido para la entrega de los menores en el Punto de Encuentro Familiar de Granada capital, la letrada ha admitido en declaraciones a los periodistas que Rivas habría incumplido por tanto el requerimiento judicial, si bien ha insistido en que desconoce la posible "causa mayor".
Castillo ha anunciado que presentará un escrito para lograr la suspensión de la ejecución de la orden judicial y que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, al que solicitarán amparo.
El padre de los menores, desplazado desde Italia hasta el punto en el que debían entregarle a sus hijos y que denunció la sustracción de los niños, lo ha abandonado sobre las 16:50 horas, veinte minutos después de la hora fijada al no haberse presentado allí la madre. El hombre fue condenado en 2009 por maltratar a Juana.
Desde el Punto de Encuentro Familiar, dependiente de la Junta de Andalucía, han indicado que pondrán en conocimiento de la juez que no se ha producido el intercambio fijado.
Visiblemente afectada y entre lágrimas, Juana Rivas señalaba el martes a los medios que no los iba entregar, aunque sus asesores afirmaban que su intención no era "vulnerar ninguna ley" y que iban a agotar "todas las posibilidades" que permite la normativa porque no se trata de una "transacción de mercancía" sino de dos menores a los que se puede producir "un daño irreparable".
Ante la posibilidad de que la entrega de los menores fuera "obstaculizada" por la madre, la jueza había pedido auxilio a la Unidad de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía para que garantizaran que se cumplía el mandato judicial "adoptando las medidas administrativas precisas" y actuando no solo en la residencia de los menores en Maracena sino en aquellos lugares donde pudieran encontrarse.
Juana Rivas ha explicado estos meses a los medios que tuvo que escapar de la isla italiana de Carloforte, en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos por estar "sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física". Según afirma, los menores "han sido testigos de todo ese dolor". Ahora, "los niños están recuperando su inocencia" y la tranquilidad", especialmente el mayor, que ya expresó en su momento al Juzgado su negativa a regresar con su padre.
Es un 'secuestro'
En contraposición, el representante legal del exmarido de Juana, el abogado Adolfo Alonso, ha lamentado la "instrumentalización" de este procedimiento al afirmar que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia de género. El letrado ha subrayado que el asunto "no admite versiones", después de que haya sido juzgado con "todas las garantías para la madre", y ha lamentado la "campaña de desprestigio y agitación social" que se ha promovido contra su cliente.
Ha querido aclarar que Juana Rivas "no va a perder a sus hijos" ni se le va a impedir el contacto con ellos, pero ha matizado que el asunto debió dirimirse desde un principio "donde corresponde", la justicia italiana, dado que es en este país donde los niños tienen fijada su "residencia habitual". En Italia "la madre podrá solicitar la custodia y los tribunales defenderán los intereses de los menores, como en cualquier tribunal de la Unión Europea", ha agregado el letrado, que descarta que los niños vayan a sufrir "un daño por volver a Italia" o queden "desprotegidos", tal y como ya ha argumentado la justicia española.
Ha garantizado que su cliente es "un buen padre" y que la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que le condenó por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que "él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo". Así, ha lamentado que el asunto se haya desplazado hacia un posible caso de violencia de género cuando lo que "se ha producido es un secuestro" de los niños, que fueron trasladados a España.