DOS MESES SIN ASUNTA
Los letrados que asisten a ambos, los únicos imputados por esta muerte violenta que se consumó el día 21, les habían aconsejado que no cooperasen en ninguna reconstrucción o cualquier otra pericia mientras no se produjese el alzamiento y pudiesen tener acceso a todo el acervo probatorio conseguido por los especialistas.
El magistrado José Antonio Vázquez Taín espera ahora saber cuál es la postura de ambos y, en caso de que sea contribuir a esclarecer este presunto asesinato, ver "si es posible arrojar alguna explicación lógica a los numerosos indicios sospechosos". Así consta en el auto por el que se ha eliminado la reserva sobre las actuaciones.
El cadáver de la menor de 12 años, a la que adoptaron cuando todavía no tenía uno, fue hallado por dos viandantes a la una y cuarto de la madrugada del 22 de septiembre, colocado sobre un talud situado en Teo, un municipio cercano a Santiago de Compostela.
Los investigadores sospecharon desde un primer momento de Porto y Basterra, encarcelados en el penal de Teixeiro desde el 27 de ese mismo mes, por las "confusas explicaciones" de la madre sobre un supuesto incidente ocurrido meses antes en el que un desconocido intentó matar a la niña y que ella no denunció para no perjudicarla.
También influyó, posteriormente, el cambio de versión sobre dónde y cómo Rosario Porto dejó a su hija el día de su fallecimiento, el 21, puesto que en un inicio contó que ella había salido a hacer recados a las siete de la tarde y a las nueve y media cuando regresó a casa, Asunta, que se había quedado haciendo los deberes, ya no estaba.
Al saber luego de la existencia de cámaras de seguridad que la habían grabado en dirección al chalé de Teo donde se supone que murió Asunta, con la propia cría de copiloto, cambió su testimonio y después de reiterar en numerosas ocasiones que su hija había quedado en la casa de Santiago, corrigió y dijo que subió con ella a Teo, aunque no explicó, según el auto del juez, "dónde la dejó" cuando la trajo de vuelta.
En el caso de Basterra, señala el magistrado, en un primer término corrobora íntegramente la versión de su ex mujer pero, informado del material gráfico, "comienza a afirmar" que en realidad no preguntó a su otrora compañera sentimental dónde había quedado la menor.
Entre Basterra y Porto, en base a la providencia del juez, hay más de una discrepancia, pues ella dice de él que drogó a la niña al menos en una ocasión, "con polvos blancos", algo que Alfonso Basterra rechaza. Ninguno de los dos acierta a explicar tampoco por qué daban una medicación fuerte a Asunta por un hipotético padecimiento de alergia del que habían informado a los docentes de la niña y que ha sido desmentido por la pediatra de la cría en su declaración durante este proceso.
El secreto acordado estaba basado en la necesidad de practicar una serie de actos de instrucción con las mínimas garantías, manifiesta el juez en el auto por el que se levanta, y añade que "los indicios exhibidos a los imputados" motivaron en éstos un cambio de versión que "parece confirmar las sospechas iniciales".
En el lugar en el que se encontró el cadáver de Asunta se han colocado flores y objetos en su recuerdo, al cumplirse el segundo aniversario de su muerte. El instructor José Antonio Vázquez Taín está convencido de que los padres de la niña tenían un "plan concordado" para matar a Asunta bajo el cual él se encargaría de drogarla hasta el aturdimiento para "facilitar" la asfixia mecánica que ejecutaría ella.
En el auto, el magistrado apunta que Basterra conoce que en base a los resultados de la autopsia y a los análisis de Toxicología se le imputa que el día en que murió la niña, como en "episodios anteriores", le suministró una "dosis tóxica" de un ansiolítico (Orfidal).
Especifica que el motivo de esta acción sería privar a la víctima de "toda voluntad y defensa" y, presuntamente, facilitar la acción de asfixia "en un plan concordado" con la abogada Rosario Porto, su ex mujer y madre de la pequeña. Los dos están encarcelados en el penal coruñés de Teixeiro, en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza, acusados de la presunta comisión de un delito de asesinato.