La oposición considera la intervención de los alquileres un ataque contra la propiedad privada y la economía de mercado

Mientras PSOE y Podemos ultiman la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en un Consejo de Ministros de carácter extraordinario este próximo jueves 7, la oposición se muestra crítica con la idea de intervenir los alquileres.

Para la diputada del Partido Popular, Elvira Rodríguez, la medida va en contra de la economía de mercado. "Cuando en un país no se respeta la propiedad privada el horizonte es muy negro. ¿Cómo vamos a conseguir que la financiación fluya y que el mundo apueste por España? La seguridad jurídica es imprescindible para crecer y crear empleo y las últimas noticias no ayudan nada".

En la misma línea, la portavoz de la formación, Cuca Gamarra, ha dejado claro que es "un ataque sin precedentes hacia la propiedad privada". Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ya ha adelantado que será complicado que se pongan de acuerdo en "ninguna partida de estos PGE".

Y en Ciudadanos, su presidenta, Inés Arrimadas, cree que Podemos "siempre gana la batalla" a su socio de coalición y "tira hacia políticas más extremistas".

Por su parte, la Junta de Andalucía ha manifestado su rechazo al "intervencionismo" del Ejecutivo central. Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz, Elías Bendodo: "Este Gobierno está en contra del intervencionismo, de la hiperregulación. Poner límites en el mercado de la vivienda ha fracasado ya en otros países".

Regular el mercado del alquiler

Precisamente, algunos países europeos mantienen una serie de medidas pararegular el mercado del alquiler. En Suecia, el Gobierno no es el encargado de fijar los precios pero se convierte en una especie de intermediario durante el proceso de negociación entre inquilinos y propietarios.

En el caso de París los alquileres han estado regulados entre 2015 y 2017. Esto fue así hasta que los tribunales anularon la legislación a finales del año pasado. Sin embargo, con la nueva ley Alur se limitaron las subidas de los alquileres a un 20% sobre un precio medio que se determinará según zona, año de construcción, calidades o número de habitaciones.