Murcia
El retraso en el proceso judicial, junto a la confesión, ha provocado que los ocho empresarios no ingresen en prisión pese a reconocer el abuso a menores en Murcia. Tampoco ingresarán en prisión los proxenetas que captaban a las víctimas.
Los acusados de prostituir a menores en Murcia en 2014 no irán a prisión pese a asumir los hechos. Así se recoge en el acuerdo entre los 13 implicados y la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Murcia. En concreto, ocho empresarios han admitido los abusos a las adolescentes, pero no ingresará en la cárcel tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que asumen los hechos y aceptan pagar multas e indemnizaciones. Tampoco ingresarán en prisión las proxenetas -cuatro mujeres- que captaban a las víctimas.
El proceso judicial se ha dilatado diez años, lo que ha contribuido -junto con la confesión de los hechos- a la rebaja de condenas. Según la acusación, sabían que contrataban a niñas. Las multas oscilan entre los 540 y los 4.320 euros y las indemnizaciones a las víctimas entre los 500 y los 2.000 euros.
Las mayores penas de prisión fijadas en el acuerdo son para las cabecillas de la trama, que suman 16, 12 y 6 años. Sin embargo, al igual que ocurre con el resto de procesados, ninguna irá a la cárcel, ya que estas penas corresponden a varias condenas que, individualmente, no superan los dos años, un hecho que abre la posibilidad a que no se ejecute el ingreso.
Los trece procesados (otros dos acusados han fallecido antes de que se celebrase hoy la vista) han reconocido los hechos de los que les acusaba la Fiscalía. Ruth Karina D.T, Nelly Paola .P. y Yesenia Mercedes B.C. han sido señaladas como las principales responsables de esta trama, ya que eran las encargadas de captar a las menores.
La fiscal ha explicado que las menores eran captadas "en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad".
Walter Jhovany D. M, y Martín D.T. llevaban a cabo labores de 'taxistas', trasladando a las jóvenes a los lugares, acompañadas siempre de la cuarta mujer condenada, Manuela P.P., que ejercía de intermediaria.
Según la fiscal, tanto los miembros de la trama como los hombres que abusaban de las adolescentes pagando por ello tenían pleno conocimiento de que las chicas eran menores de edad.
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