Vivienda
Un colectivo de afectados por la okupación lanza la campaña 'Adopta a mi okupa'. Denuncia la situación de muchas personas expulsadas de sus hogares de forma ilegal y pide medidas duras contra esta práctica.
El problema de la okupación sigue siendo muy preocupante en España, e incluso difícil de solucionar. Lo que debería ser conceder a los legítimos dueños de la vivienda su propiedad privada, se ha terminado por convertir en una disputa judicial que, en ocasiones, llega incluso a beneficiar a los propios okupas, lo cual ha causado un gran enfado en la sociedad.
Prueba de ello es la nueva campaña realizada por una plataforma de afectados por la okupación. Llamada 'Adopta a mi okupa', esta campaña solicita que se endurezcan las medidas contra la práctica llevada a cabo por los okupas, que deja a muchísimas personas en una situación de vulnerabilidad, y que incluso están amparados por la ley, puesto que pueden okupar la casa si no la asaltan con violencia.
La medida fue aprobada por el Gobierno el año pasado durante la segunda ola de la pandemia, una de las más letales en nuestro país, modificando la Ley Antidesahucios. La norma le valió severas críticas al Ejecutivo, especialmente por parte de la oposición, quienes aseguraban que se estaba animando a quitar el derecho a la propiedad privada.
El problema de la okupación no para de crecer
Son muchas las comunidades autónomas que piden ayuda con este problema de la okupación, que no solo no se estabiliza, sino que sigue creciendo, sin que haya ningún tipo de medida legal que permita afrontar este problema para devolver inmediatamente la vivienda a sus propietarios, y que incluso, está favoreciendo a quienes asaltan casas ilegalmente.
Desde el Gobierno, evitan pronunciarse en demasía. La oposición pide contundencia y que se revoque cualquier tipo de medida legal que favorezca a los okupas. Vox llegó a proponer echarles "de una patada en el culo" y que en menos de 24 horas, los propietarios hubieran pasado de ser desalojados a recuperar su casa con efecto inmediato.
Cataluña es la comunidad autónoma que peor afronta este problema, y lo hace con la tasa más alta de toda España, siendo incluso superior que la media nacional. Le siguen de lejos Andalucía y la Comunidad de Madrid, mientras las que menos denuncias acumulan por okupación son dos autonomías del norte, Cantabria y Asturias.