Matrimonio ficticio
La mujer, que ha sido detenida en Isla Cristina (Huelva), solicitó gran cantidad de dinero a las víctimas. La Guardia Civil le imputa dos delitos de estafa y falsedad documental.
Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando un ciudadano de origen marroquí interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por una presunta estafa de una vecina de la localidad onubense de Isla Cristina. La mujer habría solicitado el pago de hasta 4.000 euros a cambio de un matrimonio de conveniencia para que el hombre pudiera regularizar su situación en nuestro país, dejándole prácticamente sin recursos económicos.
Sin embargo, una vez efectuado el pago, la mujer no cumplió con el pacto de matrimonio, solicitándole incluso, mayores cantidades de dinero de manera adicional para llevar a cabo su promesa. Según el denunciante se negó a devolverle el dinero que había sido entregado.
A partir de este momento, los agentes inician una investigación en la que se averigua que esta persona también habría estafado a otro hombre de origen marroquí, interesado en empadronarse en Isla Cristina (Huelva). Según las primeras pesquisas, esta persona realizó dicha gestión, sin previa autorización de los titulares de la vivienda y falsificando firmas y todo tipo de documentación.
La Guardia Civil, en una nota informativa, asegura que la supuesta estafadora "se había aprovechado de la vulnerabilidad de los dos ciudadanos extranjeros, que buscaban regularizar su situación documental, para poder residir legalmente en España. Las investigaciones continúan por si existen más perjudicados".
La Guardia Civil ha procedido a la detención de la mujer por dos presuntos delitos de estafa y falsedad documental.
En las últimas horas, la detenida ha pasado a disposición judicial en la localidad onubense de Ayamonte, aunque la investigación continúa abierta, ya que no se descarta que pudiera haber más personas perjudicadas.
No es la primera vez que se utiliza este método de estafa. El pasado mes de diciembre fueron detenidas dos personas en Alicante tras cometer 12 delitos de estafa a extranjeros en situación irregular a los que les ofrecían la supuesta documentación de residencia en España por un pago de 2.500 euros.
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