Miles de funcionarios sin plaza asignada cobran 1.060 euros por estar en casa

Sin poder renovar el contrato de alquiler ni pedir una hipoteca, los más de 4.000 opositores que ganaron su plaza para el Cuerpo de Gestión Civil del Estado (A2) aún no tienen un destino adjudicado. Desde mayo del año pasado, que aprobaron la convocatoria de julio de 2024, se encuentran sin destino y cobrando la mitad del salario al no tener plaza.

Aún sin poder ejercer, los funcionarios cobran un salario de 1.060 euros por estar en casa a la espera de la adjudicación. El largo retraso ha llevado al límite a muchos de los afectados, que reclaman al Ministerio de Función Pública una mayor transparencia.

"No puedo alquilar un piso, no puedo firmar un contrato ni siquiera buscar una habitación porque no sé dónde voy a vivir", ha relatado Juanjo a Antena 3 Noticias.

Incluso, los afectados lamentan haber confiado en el proceso público. "Hemos renunciado incluso a trabajos previos. Confiábamos en que los plazos iban a ser parecidos a lo que habían sido siempre", ha añadido Juanjo.

El limbo en el que están sumidos se lleva prolongando meses tras haber atravesado un arduo proceso selectivo, que también ha generado un fuerte malestar en los opositores. Ahora, se les suman las graves consecuencias personales y económicas, además de la incertidumbre. En caso de no poder acceder a otra vía de ingresos o se tengan hijos, la situación se torna especialmente conflictiva.

La asignación de plazas del Cuerpo de Gestión Civil del Estado no se queda en un caso aislado, sino que salpica a distintas escalas de la Administración General del Estado. Frente a demoras que pueden alcanzar los dos o tres años entre el aprobado y la incorporación efectiva, Milagros Dorronzoro, Secretaria de Negociación del sindicato CSIF, ha pedido "establecer como tope un año para desarrollar procesos selectivos". Del mismo modo, ha instado a agilizar los procesos de adjudicación.

Sin trabajar y sin saber cuándo podrán hacerlo en la mayoría de situaciones. Sin embargo, en escalas inferiores se detectan casos de aprobados que ni siquiera perciben salario hasta tener destino asignado.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que los procesos ya se están agilizando. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha defendido en el Senado que muchas convocatorias ya se resuelven en menos de doce meses. Aunque la realidad que describen los afectados se contrapone a su declaración.

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