Huelga médicos
Los médicos gallegos tendrán 10 minutos para atender a cada paciente en Primaria, con un máximo de 30 por jornada
Acuerdo en Galicia para desactivar la huelga de los médicos de familia, que dejó más de 72.000 consultas suspendidas. La Xunta exige ahora al Gobierno resolver el conflicto por el Estatuto Marco después de la cancelación de 177.000 actos sanitarios en la comunidad.
La Xunta de Galicia ha logrado cerrar filas en torno a la reforma de la atención primaria tras incorporar al sindicato médico O'Mega al acuerdo marco alcanzado en noviembre. La adhesión permite desconvocar la huelga indefinida iniciada el pasado 2 de marzo, que ha dejado más de 72.000 consultas sin atender en los centros de salud gallegos.
El acuerdo parte de la reivindicación histórica de limitar a un máximo de 30 actos asistenciales la agenda de los facultativos de los centros de salud, lo que permitirá atender 10 minutos a cada paciente. La medida se presenta como un intento de mejorar la calidad asistencial y reducir el desgaste profesional. Su implementación es ahora el caballo de batalla de los grupos de trabajo creados al respecto.
En otras comunidades donde se han implantado límites similares, la clave ha estado en la capacidad del sistema para absorber la demanda no atendida, algo que en Galicia dependerá de mecanismos aún por concretar y de la disponibilidad real de profesionales.
El acuerdo también prevé incentivos para cubrir guardias en los PAC y la creación de nuevas plazas, así como una reducción progresiva del umbral de horas necesarias para percibir la retribución de jornada complementaria, que este año bajará de 160 a 140 horas.
Nueva hoja de ruta
La incorporación de O'Mega supone un punto de inflexión en un conflicto que, aunque de menor impacto que en otras comunidades, evidenció las tensiones estructurales de la atención primaria: sobrecarga asistencial, falta de médicos y condiciones laborales cuestionadas desde hace años por los profesionales.
El pacto consolida medidas ya avanzadas en acuerdos previos con otros sindicatos -CCOO, UGT, CSIF, Simega y SATSE- y añade compromisos concretos en cuestiones sensibles para el colectivo médico. Entre ellas, la reconversión progresiva de las plazas de facultativo especialista de atención primaria en plazas de médico de familia, con el horizonte de completar el proceso en 2029. Esta medida busca corregir una anomalía organizativa que, según los expertos, dificultaba la fidelización de profesionales y la estabilidad de los equipos.
También se incluye la revisión de las condiciones laborales en los puntos de atención continuada (PAC), uno de los focos históricos de conflicto. La Xunta se compromete a fijar antes de junio nuevos criterios de cómputo de jornada, con efectos retroactivos desde enero, y a revisar anualmente, a partir de 2027, los planes funcionales de estos dispositivos para ajustar plantillas en función de la demanda real.
Pulso político con el Ministerio
Más allá del ámbito autonómico, la Xunta intensifica la presión sobre el Gobierno central en relación con la reforma del Estatuto Marco, una norma clave que regula las condiciones laborales del personal sanitario en toda España y que ha generado un rechazo amplio entre los médicos.
El conselleiro Antonio Gómez Caamaño insta directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "negociar de verdad" con el colectivo y a cambiar una estrategia que, a su juicio, está agravando el conflicto. La crítica se produce en un contexto de movilizaciones y paros en distintas comunidades autónomas, donde los profesionales denuncian que la reforma no responde a problemas estructurales como la temporalidad, la sobrecarga o la falta de incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura.
Galicia, laboratorio de acuerdos
El movimiento de la Xunta se interpreta también como un intento de situarse como referencia en la gestión del conflicto sanitario. Frente a la confrontación abierta en el ámbito estatal, el Gobierno gallego busca proyectar una imagen de diálogo con los sindicatos, aunque el acuerdo no es unánime. La Confederación Intersindical Galega (CIG), central nacionalista con fuerte implantación en la comunidad, se mantiene al margen y continúa con sus propias reivindicaciones.
En paralelo, el trasfondo del problema sigue siendo común a todo el sistema sanitario español: el déficit de médicos de atención primaria, especialmente en zonas rurales y de difícil cobertura. Galicia, con una población envejecida y dispersa, sufre este problema de forma especialmente intensa, lo que añade presión a cualquier reforma.
El acuerdo con O'Mega permite, por ahora, ganar tiempo y rebajar la tensión en los centros de salud. Pero el verdadero desafío será comprobar si las medidas pactadas logran traducirse en mejoras reales para profesionales y pacientes o si, como ha ocurrido en otros momentos, el conflicto vuelve a emerger en cuanto las expectativas no se cumplan.
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