ANTE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
La mayoría de autonomías no duda en mantener la subvención pública de colegios privados que educan de forma separada por sexos, tras conocerse sendas sentencias del Supremo que avalan que se denegará el concierto a dos centros de Cantabria y uno de Andalucía debido a este tipo de escolarización.
En general, las partidarias de seguir con los conciertos aducen que las sentencias son sobre casos de otras regiones, la libertad de elección de modelo educativo y que se financian principalmente centros que matriculan ambos sexos, aunque sea en aulas diferentes.
El Supremo menciona los artículos 27.9 de la Constitución referentes a que "los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca" y el 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, sobre la admisión en centros públicos y concertados, "En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Una de las sentencias se refiere a los colegios 'Torrevelo', de niños, y 'Peñalabra', de niñas, a los que Cantabria denegó en 2009 la concesión y la renovación, según el caso, del concierto. Ahora conforman una sola unidad administrativa y han sido incluidos en la orden de conciertos del curso 2012-2013, ya que cumple los requisitos, según el Gobierno regional (PP).
Por el contrario, la consejera andaluza, Mar Moreno, descarta que los centros de este tipo de la comunidad mantengan los conciertos en el curso 2012-2013, al amparo de la sentencia sobre el colegio de 'Elcható', de Brenes (Sevilla).
Según datos de las consejerías de educación, están concertados más de 60 de estos centros en España: en Cataluña (16), Andalucía (12), Madrid (8), Comunidad Valenciana (7), País Vasco (5), Galicia (5), Castilla y León (2), Navarra (2), Asturias (2) Murcia (2), La Rioja (1) y Cantabria (1). De éstos, 24 pertenecen al grupo Fomento de Centros de Enseñanza, vinculado al Opus Dei, incluidos los dos cántabros citados.
Entre quienes no cuestionan la subvención, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha declarado "absolutamente a favor" de la libertad de elección de centro y ha interpretado que las sentencias "no prohíben" los conciertos, sino que las autoridades pueden no dárselo.
Castilla y León considera que no son aplicables en la comunidad, donde no hay una denuncia previa, y rechaza que esos centros sean excluyentes, ya que admiten a niños y niñas, aunque vayan a clases distintas. En Navarra no hay litigio, según el consejero José Iribas, para quien no existe discriminación cuando se escolariza y separa pedagógicamente en razón de la libertad de elección.
El Gobierno de Murcia "no tiene intención" de retirar el concierto porque el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La Comunidad Valenciana mantendrá la financiación de estos centros (3 sólo de niños y 4 de niñas), ya que los fallos judiciales son relativos a otras comunidades, y Cataluña también confirma los conciertos hasta 2014, cuando caducan.
El consejero de La Rioja, Gonzalo Capellán, asegura que allí no hay ningún colegio fuera de la legalidad para recibir las ayudas, pues admiten ambos sexos. "Otra cosa -matiza- es la autonomía interna de cada centro y la libertad de opción de los padres". También Galicia asegura que cumple la legalidad, y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la comunidad le ha dado la razón y que los servicios jurídicos revisarán las sentencias del Supremo.
El País Vasco también las estudiará, en este caso para tomar una decisión sobre el futuro de la subvención, si bien los conciertos están renovados para cuatro años. La consejera de Asturias, Ana González, indica que la doctrina del Supremo "coincide" con los planteamientos del Gobierno autonómico, así que el Principado analizará las consecuencias legales para la renovación de conciertos en 2013. El TSJ del Principado tumbó una resolución autonómica de 2009 que denegaba estos conciertos, lo que no fue recurrido en el Supremo.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha apuntado que se explicitaría por ley que la enseñanza diferenciada no tiene por qué ser segregadora en "determinadas condiciones", de tal forma que pueda ser concertada. Por su parte, el director general de Fomento de Centros de Enseñanza, Joan Curcó, espera que el Tribunal Constitucional zanje el asunto, pues la legislación puede modificarse cada vez que cambia el Gobierno. Según Curcó, hay contradicción en el Supremo porque sí "reconoce la legitimidad" de este tipo de educación. "Si nuestro modelo es legítimo y, por tanto, no discrimina; tenemos que tener los mismos derechos".