Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres
Más de 300 organizaciones de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres piden al Gobierno español que lidere una campaña y actúe ante Naciones Unidas para frenar el alquiler de vientres y el tráfico de bebés. Denuncian que el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU están tratando de influir en algunos gobiernos y asesorándolos para legalizar la gestación subrogada.
En un comunicado, denuncian que "el alquiler de vientres es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial". Asimismo, subrayan que "pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho fundamental de las mujeres a la filiación".
Las organizaciones insisten en que "el deseo de ser padre o madre de niños que posean el material genético propio no es un derecho" y recuerdan que "el alquiler de vientres contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales".
Asimismo, consideran que "la subrogación altruista no existe" y la "industria del alquiler de vientres opera en países en desarrollo utilizando las mismas tácticas criminales que las redes de tráfico y trata de seres humanos".
Por todo ello, demandan "a todos los gobiernos que tomen todas las medidas oportunas para perseguir e impedir el alquiler de vientres a nivel internacional y nacional" y reclaman a los gobiernos que "prioricen la lucha contra la pobreza de las mujeres y la desigualdad de género".