Cartas explosivas
La Audiencia Nacional le deja en libertad con medidas cautelares tras pasar casi los últimos tres meses en prisión preventiva.
El jubilado de 74 años acusado de enviar cartas explosivas a Pedro Sánchez o a la Embajada de Ucrania, entre otros organismos, llevaba casi tres meses en prisión preventiva. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha dejado este viernes un libertad con medidas cautelares. Calama considera que no existe riesgo actual de que el funcionariojubilado del Ayuntamiento de Vitoria pueda destruir pruebas.
La Audiencia Nacional (AN) explica que ya se han practicado las diligencias de investigación más relevantes y que de ellas se han obtenido "indicios de criminalidad sustanciales que apuntan" hacia el jubilado. El magistrado ha seguido el criterio de la Fiscalía a la hora de decretar la libertad sin fianza.
Sin embargo, la Justicia ha impuesto al acusado la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio. También se le prohíbe salir de España y se ha ordenado la retirada del pasaporte. Asimismo, la AN concreta la obligación de fijar un domicilio para que el hombre pueda ser localizado.
El puesto en libertad está siendo investigado por cuatro delitos de terrorismo, dos de terrorismo agravado (por los envíos a Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles) en concurso con otro de de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. Fue detenido el pasado mes de enero bajo el marco de la 'Operación Konvent.
Al jubilado se le acusa de estar detrás de los envíos de cartas explosivas con material pirotécnico similar a la pólvora al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a las embajadas de Ucrania y EEUU, a la empresa de armas Instalaza Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, entre noviembre y diciembre de 2022.
Se decretó la prisión preventiva porque existía un riesgo de que pudiese huir a Rusia gracias a la "ayuda de ciudadanos de dicho país" y por la "transcendencia" de sus acciones como "medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania". "La utilización de aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como es VK, y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (Protonmail), así como la transcendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania, pudieran facilitar su huida a territorio ruso, recibiendo al efecto ayuda de ciudadanos de dicho país", decía el auto.
La inexistencia de indicios de reiteración delictiva, la avanzada edad del jubilado, su arraigo en la localidad de Miranda del Ebro (Burgos) y la carencia de antecedentes penales previos a los hechos que se investigan han sido los aspectos que se han tenido en cuenta por el juez.