Sucesos
Las autoridades han detenido a 10 personas. Todos están acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos relacionados con la prostitución.
Esta operación policial se ha saldado con 10 detenidos. Tanto la Policía Nacional como las Policías francesa, italiana y dominicana han desmantelado una organización de proxenetas que explotaba sexualmente a mujeres desde dos centros de atención telefónica, uno en Figueres (Girona) y otro en Italia.
En total, han liberado a 41 mujeres víctimas de explotación sexual que se encontraban en numerosos pisos ubicados en Francia. Los detenidos se enfrentan ahora a los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos relacionados con la prostitución. Tres han sido detenidos en Figueres, cuatro en Francia, uno en Italia y dos en República Dominicana, según ha informado la Dirección General de la Policía.
Según las investigaciones, la organización disponía de dos bases logísticas a modo de 'call centers' en Figueres y en el municipio italiano de Rho, desde donde sus miembros se hacían pasar por mujeres que ofrecían servicios sexuales. Después, gestionaban las llamadas y concertaban los encuentros.
Las víctimas eran explotadas sexualmente en pisos ubicados en Francia y eran trasladadas cada pocos días a diferentes ciudades, lo que impedía que pudieran establecer vínculos y dificultaba detectar a la organización criminal. En este 'modus operandi' se ofertaban un servicio denominado como 'sex tour', una forma de 'turismo sexual', explica la Policía, con el propósito de mantener relaciones sexuales con personas que ejercen la prostitución.
Además, los investigados establecieron una tercera base logística en República Dominicana, desde donde comenzaron a gestionar el desplazamiento de las víctimas a nuevas ciudades. Los miembros de la organización eran quienes acordaban los servicios sexuales y las condiciones, sin dar ninguna opción a las víctimas. De esta manera, recaudaban el dinero que estas obtenían y se desplazaban a Francia para recoger el efectivo, aunque también se realizaba el pago mediante transferencia.
Los agentes también comprobaron que los propietarios de los inmuebles franceses en los que las mujeres eran explotadas sexualmente eran conocedores de las prácticas irregulares que tenían lugar en su interior. Alguno, incluso, llegaba a colaborar en la publicidad de los servicios.
Una vez recabadas todas las pruebas incriminatorias, se realizaron 20 registros. En ellos, se intervinieron más de 70.000 euros en efectivo, más de un centenar de móviles y numerosas joyas y relojes.