Ley de Memoria Democrática
La ley podría suprimir 36 títulos nobiliarios concedidos por Franco, entre ellos el de la nieta del dictador y el de la familia de la excantante de Mecano
El proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, plantea suprimir 36 títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco, entre ellos los de la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, la excantante de Mecano Ana Torroja (en caso de que heredase el título de su familia) o Fernando Primo de Rivera.
Se trata de títulos que se dieron entre 1948 y 1977 y que ahora pueden tener los días contados. Ese, la eliminación de los títulos concedidos por el dictador, es uno de los puntos que plantea la nueva ley, que tiene, entre sus objetivos, "sanear" la aristocracia española.
Y es que, tras su llegada al poder, Franco se atribuyó la facultad de conceder, rehabilitar y transmitir los títulos nobiliarios a quien desease.
La ley también introduce el delito de apología del franquismo, establece duras sanciones a quienes exalten la Guerra Civil y la dictadura y extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos. Además, establece mecanismos para cerrar la Fundación Francisco Franco.
Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil
El Gobierno asegura que, con esta ley, que sustituye a la Ley de Memoria Histórica, "solo quiere reconocer y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura".
Es, asimismo, primera iniciativa legislativa presentada por el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El objetivo de la misma, explican desde Moncloa, es situar a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria, buscar su reparación y la verdad y también equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras, como Alemania.
Falta que el Gobierno recabe los apoyos parlamentarios para sacarla adelante, de momento con algunas críticas desde la izquierda por verla "insuficiente" y sin las fuerzas de la derecha, ya que el PP ha anunciado que la derogará cuando gobierne y Vox anticipa recurso al Tribunal Constitucional.