Más de 500 socios

Juzgan por narcotráfico a dueños de asociación que informaba sobre los riegos del hachís

Se enfrentan a una petición de Fiscalía de seis años y ochos meses de cárcel, además de una multa de 2.500 euros, por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y otro de asociación ilícita.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga mañana a tres acusados que presuntamente traficaban con droga en el local de la asociación que crearon para informar sobre los riesgos del consumo excesivo del cannabis y ayudar legalmente a quienes fueran interceptados con droga.

Los acusados, Álvaro L.P., Ignacio A.A. y Andrés Felipe G.Z., se enfrentan a una petición de Fiscalía de seis años y ochos meses de cárcel, además de una multa de 2.500 euros, por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y otro de asociación ilícita.

Según explica el escrito del fiscal, los acusados fundaron en febrero de 2015 la asociación sin ánimo de lucro "La Raíz Cuadrada Madrid" para aparentar que esta forma asociativa amparaba la libre circulación de la droga y ocultar el "ilícito tráfico" que se producía en su interior.

En los estatutos de la asociación, que contaba con más de 500 socios, constaba como finalidad la de informar sobre cuestiones relativas al cannabis, evitar el riesgo para la salud de los socios mediante charlas y coloquios, la prevención de consumos abusivos o el asesoramiento legal para procedimientos por posesión de droga.

Explica el fiscal que en los estatutos se especificaba que, en ningún caso, la asociación tendría como objeto promocionar, favorecer o facilitar el consumo ilegal de cannabis "o cualquier otra droga tóxica". Para cumplir los fines recogidos la asociación disponía de un espacio físico, muy próximo a una escuela infantil, para las reuniones y actividades de sus socios lúdicos o terapéuticos de cara a la "búsqueda de formas consensuadas" para el autoabastecimiento de cannabis.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público asegura que en el local no existía ningún control a los socios y que incluso se vendía marihuana y hachís a personas que no pertenecían a la asociación y que tan solo manifestaban que eran usuarios de dichas sustancias.

En noviembre de 2015, la Policía Municipal de Madrid estableció un dispositivo de seguridad en el exterior del local, adonde acudían numerosos jóvenes que salían tras pasar un breve espacio de tiempo, en el que interceptaron a trece personas con marihuana y hachís.

Asimismo, días después los agentes registraron el local de la asociación, donde encontraron sustancias de diferente peso con un valor aproximado en el mercado ilegal de casi 2.000 euros, así como diferentes documentos constitutivos de la asociación.

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