SOBRE LA HEPATITIS C

Juzgan a un médico del Hospital La Paz de Madrid acusado de falsificar una firma para realizar un ensayo clínico

Ya está suspendido de empleo y sueldo durante dos años por manipular datos clínicos de pacientes.

Un médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital La Paz se sentará hoy en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid por presuntamente falsificar una firma para realizar un ensayo clínico sobre Hepatitis C.

Este especialista afronta, además, una sanción reciente como consecuencia de un expediente disciplinario abierto por la Comunidad de Madrid por manipular datos clínicos de pacientes. Esta sanción le ha llevado a la suspensión de empleo y sueldo durante dos años.

El médico, V.S.V., mantiene un pulso con los tribunales desde dos vertientes: La Contencioso-Administrativa, cuya vía ya se ha agotado, y la penal, con el próximo juicio que se celebrará el próximo 23 de junio. La primera derivó de la demanda que interpuso el acusado contra el Gobierno regional por el citado expediente disciplinario, una batalla que finalmente se resolvió a favor de la Comunidad de Madrid.

En la jurisdicción penal, se le investigó a raíz de una denuncia de la persona a la que habría suplantado la firma para lograr llevar a cabo un ensayo clínico sobre Hepatitis C. La investigación concluyó en noviembre de 2014 y se recurrió sin éxito ante la Audiencia Provincial de Madrid. Finalmente, se dictó la apertura de junio oral el 15 de diciembre de 2015.

En el escrito del fiscal, se mantiene que el médico suscribió el 23 de julio de 2010 un contrato de estudio clínico con el laboratorio farmacéutico Merck Sharp & Dohme España S.A. Para ello, aportó una serie de documentación como un informe favorable del Comité Etico de Investigación Clínica del Hospital Carlos III de la Comunidad de Madrid.

Según el fiscal, este informe fue elaborado con "ánimo falsario" por el propio acusado, portando un sello con la firma del secretario del comité sin haber sido firmada por éste.

El fiscal sostiene que estos hechos constituyen un delito de falsedad en documento oficial. Por ello, reclama la pena de siete meses de cárcel y multa de siete meses, a razón de doce euros diarios.

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