PONTEVEDRA | ACUSADO DE UN DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra acogerá este miércoles el juicio contra Daniel E., quien supuestamente vendió por 1.000 euros a su novia, a la que se trajo desde Rumanía hasta Vigo para explotarla sexualmente en el club de alterne que regentaba su madrastra, Ionica B.R.
El fiscal solicita para ambos 8 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, al igual que para Juan Valentín P.C., pareja sentimental de la madrastra y que también regentaba un prostíbulo. Adicionalmente, el representante del ministerio público pide para todos los acusados cuatro años de cárcel por un delito de prostitución coactiva, y a Ionica B.R. tres años más por un delito contra el derecho de los trabajadores, y seis meses para Juan Valentín P.C. como cómplice en este último supuesto.
Asimismo, interesa que cada uno indemnice con 7.000 euros a la víctima, diagnosticada con trastorno de estrés postraumático en grado grave y quien contrajo enfermedades de transmisión sexual en el periodo en el que fue explotada.
Según consta en el escrito de acusación, Daniel E. conoció en julio de 2012 a la víctima, quien por entonces tenía 18 años y procedía de una familia numerosa "muy humilde" y en situación de especial vulnerabilidad y marginalidad. El acusado, "con el fin de mover la voluntad de la chica y convencerla de que se trasladase con ella a España", le propuso iniciar una relación y le propuso que lo acompañara a Vigo para que ayudara a su madre en la limpieza del bar que regentaba. Junto a los otros dos encausados organizó el viaje por carretera por el que la chica contrajo una deuda que le obligaron a devolver mediante el ejercicio de la prostitución.
En septiembre de 2012, Daniel E. decidió vender a su madrastra por 1.000 euros a la chica, a la que vigilaba y con la que convivía en un piso con otras jóvenes de nacionalidad rumana que también ejercían la prostitución, y se marchó de Vigo. A partir de entonces, Ionica B.R. y Juan Valentín P.C. se la llevaron a su domicilio familiar, en Redondela, para tenerla controlada y pasaron a cobrar íntegramente toda la recaudación que generaban los servicios sexuales que ésta prestaba. En la entrada y registro efectuada por la Policía en el domicilio de estos dos acusados, fueron hallados, entre otras cosas, 7.000 euros provenientes de su actividad ilícita.