El juzgado de Montoro refuerza su estructura ante la avalancha de denuncias por el accidente de Adamuz

El Juzgado de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba) ha comenzado a recibir las primeras consecuencias procesales del accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz. Hasta el momento, el órgano judicial ha contabilizado alrededor de una decena de denuncias y al menos siete personaciones relacionadas con el siniestro, un volumen que previsiblemente seguirá aumentando en los próximos días. Así lo ha señalado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien ha advertido de que se espera "un goteo permanente" que exigirá un importante esfuerzo de tramitación.

Del Río ha realizado estas declaraciones durante una visita a los juzgados de Montoro, donde se ha reunido con las magistradas del partido judicial para conocer de primera mano las necesidades derivadas de la instrucción de esta causa, considerada ya una macroinvestigación por la magnitud de los hechos y el número de víctimas mortales, que asciende a 45.

La carga de trabajo ha llevado a activar refuerzos inmediatos en la sede judicial. A los dos funcionarios que ya se habían incorporado, que son un gestor y una tramitadora, se sumará de forma inminente un juez de refuerzo y un letrado de la Administración de Justicia. Estos apoyos, según ha confirmado el TSJA, no excluyen la posibilidad de nuevas incorporaciones si la evolución de la causa así lo requiere.

El presidente del alto tribunal andaluz ha estado acompañado durante la visita por el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja. Ambos han subrayado la necesidad de dotar al juzgado de los medios suficientes para afrontar una instrucción compleja, con múltiples diligencias, personaciones y previsibles recursos.

Una plantilla tensionada por la macrocausa

El Juzgado de Instancia número 2 de Montoro cuenta con una plantilla global de 12 funcionarios, nueve adscritos al servicio de Tramitación y tres al Registro Civil. No obstante, no todos ellos estarán dedicados de forma exclusiva a la investigación del accidente, ya que el refuerzo se concentra en la plaza encargada de la causa principal. Además, la Junta de Andalucía ha autorizado dos comisiones de servicio sin relevación de funciones para reforzar temporalmente el Registro Civil, con el objetivo de evitar un colapso en otras áreas.

También se ha aprobado el abono de servicios extraordinarios para el personal de la oficina judicial y del Registro Civil desde el pasado 19 de enero y durante un periodo inicial de 30 días, una medida destinada a absorber el incremento de trabajo derivado del siniestro.

SEMAF como acusación popular

El sindicato de maquinistas SEMAF ha formalizado su personación como acusación popular en los procedimientos penales abiertos por los accidentes ferroviarios mortales registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). La decisión se ha adoptado tras una valoración jurídica interna y afecta a las causas que se instruyen actualmente en los juzgados competentes.

Según ha explicado el sindicato, el objetivo de esta actuación es exigir responsabilidades penales y colaborar de forma activa con la investigación judicial para esclarecer con rigor las causas de ambos siniestros. SEMAF considera necesario garantizar que el proceso permita depurar todas las posibles responsabilidades derivadas de los accidentes y contribuir a que se conozca la verdad de lo ocurrido.

La organización ha subrayado que su implicación responde también a la voluntad de reforzar la seguridad ferroviaria y evitar que se repitan tragedias similares. En este sentido, el sindicato ha asegurado que mantendrá una participación activa en el procedimiento judicial, con el foco puesto en la justicia para las víctimas y en la mejora de las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.

Una investigación en fase inicial

Desde el TSJA insisten en que la investigación se encuentra todavía en una fase muy preliminar, centrada en ordenar las denuncias recibidas, coordinar personaciones y asegurar la correcta conservación de pruebas. La llegada de nuevos refuerzos pretende garantizar que el avance de la instrucción no se vea ralentizado y que todas las actuaciones se desarrollen con las debidas garantías procesales.

La dimensión judicial del accidente de Adamuz confirma así que, más allá del impacto humano y social, el siniestro abrirá un largo recorrido en los tribunales, con una investigación que se prevé extensa y técnicamente compleja.

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