HUBO POLÉMICA POR LA DECISIÓN
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente informativo para dilucidar la legalidad de las actuaciones de un centro educativo privado que cobraba 190 euros a cada aspirante a un puesto de trabajo por participar en el proceso de selección. La delegación granadina de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha explicado en un comunicado que estudiará la legalidad de los términos del anuncio del centro educativo privado María Nebrera.
Este centro estableció como condición para poder participar en un proceso de selección de personal para cubrir diferentes puestos de docentes el pago por cada aspirante de 190 euros. "Siendo verdad que una empresa puede encargar el proceso de selección a quien considere oportuno, no es menos cierto que la empresa no puede establecer criterios económicos discriminatorios para el acceso", ha apuntado el delegado granadino de Empleo, José Antonio Aparicio.
El delegado ha ordenado la apertura del expediente informativo para esclarecer la legalidad de las actuaciones, tanto por la empresa privada de la empresa promotora del colegio como de la entidad seleccionadora. El delegado provincial se ha comprometido a actuar tal y como marquen los resultados de la investigación, incluyendo si es necesaria una actuación judicial si se dedujeran indicios delictivos.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y la asociación de consumidores Facua denunciaron ante la Inspección de Trabajo y la secretaría general de Consumo de la Junta el proceso de selección de personal abierto por el colegio privado María Nebrera Ruiz.
Con este proceso de selección, el centro pretende cubrir 90 puestos de maestros de Educación Infantil y Primaria; profesores de Secundaria, Bachillerato, ciclos de Formación Profesional Grado Medio y Grado Superior, así como los del gabinete psicopedagógico, servicios administrativos y demás personal de mantenimiento y gestión de este complejo formativo de titularidad privada.
Con independencia de este expediente, Aparicio ha calificado de "inusitado" que la empresa inicie la selección de su personal sin haber puesto un solo ladrillo en el centro de trabajo, y que se imponga a los participantes el abono de una cantidad "discriminatoria y abusiva".