A juicio un cura por abusar de cuatro mujeres: las sedaba y las grababa mientras estaban inconscientes

La Audiencia de Málaga juzga esta semana a un cura como presunto autor de un abuso a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad después de sedarlas, y también por grabarlas en esos momentos en los que estaban inconscientes. Por los delitos, la Fiscalía pide inicialmente una pena de 72 años de cárcel.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la previsión es que la vista oral empiece este mismo lunes y se prolongue hasta el viernes 29 de mayo. El tribunal ha precisado que la fecha del interrogatorio del acusado será fijada a lo largo del desarrollo del juicio, en el que se prevé la declaración de 16 testigos, entre ellos las denunciantes de los supuestos abusos. Además de las denunciantes y los testigos, también comparecerán a lo largo de los días de juicio una veintena de policías nacionales, médicos forenses y agentes propuestos por las acusaciones y la defensa.

Los hechos

El acusado era desde agosto de 2017 párroco de las localidades de Ardales y Carratraca, en la provincia de Málaga, y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación de Álora. Antes, había pertenecido cuatro años a la orden de los Padres Trinitarios, continuando luego en el Seminario, hasta que fue ordenado diácono y presbítero en junio de 2016 y junio de 2017, respectivamente.

La Fiscalía señala en su escrito provisional que en este tipo de actividades religiosas entabló amistad con las cuatro víctimas denunciantes en diferentes fechas, y estas relaciones se mantuvieron hasta 2023, momento en el que salieron a la luz los hechos que ahora se enjuician. En este escrito, además, la acusación pública señala cómo actuaba con las mujeres y cómo aprovechaba la relación de amistad y de carácter "íntimo", así como la "confianza" entre ambos, "amparada por la condición de religioso del acusado", que llevaba a las mujeres a pernoctar frecuentemente en los domicilios en los que iba residiendo o vinculados con él.

El ministerio fiscal relata, además, que el procesado, sin que ellas se percataran, supuestamente les suministraba "una sustancia desconocida" (que se sospecha que podría ser éxtasis líquido o "alegría"), lo que las hacía sumirse "en una profunda situación de somnolencia", en la que "no eran conscientes de nada de lo que les pudiera ocurrir" y con lo que evitaba "cualquier defensa".

De esta forma, la Fiscalía describe que el acusado supuestamente se aseguraba "la ejecución de lo que previamente había planeado hacer" y con la intención "de satisfacer sus deseos sexuales", realizaba supuestos actos de esta índole "sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima, ya que se encontraba privada de consciencia".

Además, según sostiene la acusación, al parecer dichas actuaciones eran grabadas y fotografiadas por parte del acusado, y se incide en la "evidente intención de vulnerar su intimidad" en esas ocasiones en las que, "sin el consentimiento", las víctimas eran grabadas en situaciones cotidianas de intimidad, de espaldas o en la playa en bikini.

Según el ministerio público, en estas grabaciones se pueden ver los actos que supuestamente realizaba el acusado y permiten también precisar las fechas en que sucedieron.

Las mujeres no eran conscientes de los hechos

El fiscal señala que las víctimas "no fueron conscientes ni tuvieron conocimiento en ningún momento de los hechos", por lo que continuaban su relación de amistad y confianza con el acusado. No fue hasta las Navidades 2022-2023 cuando "la pareja sentimental" del acusado en el domicilio parroquial "en el que cohabitaban en Melilla", encontró, casualmente, un disco duro con las imágenes.

Al parecer, la mujer intentó ponerlo en conocimiento de las autoridades religiosas de Melilla y Málaga, personalmente, o bien a través de correos electrónicos. Sin embargo, asegura que a pesar de ponerlo en conocimiento "dichas autoridades ni la escucharon, ni colaboraron con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para tomar medida alguna, más allá de trasladar al acusado a las parroquias de El Burgo y Yunquera", dice la Fiscalía.

A raíz de esta situación, optó por denunciar los hechos, en agosto de 2023, ante la Policía Nacional, a la que entregó copia del material encontrado y, según señala la acusación pública, "fue en ese momento cuando todas las víctimas tuvieron conocimiento de la situación ya relatada".

Por estos hechos, la Fiscalía le acusa de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones. Además de los 72 años de prisión, pide que se le imponga la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante diez años y la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo. Paralelamente, la acusación pide que el acusado pague una indemnización total de 1,2 millones de euros, para que se abone a cada una de las cuatro víctimas 300.000 euros por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales. Para la Fiscalía, de esas cantidades debe responder como responsable civil subsidiario la Diócesis de Málaga.

La respuesta del Obispado

En respuesta, el obispo, José Antonio Satué, señaló en rueda de prensa que los abogados del Obispado "van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad porque no ha propiciado, ni se ha favorecido, ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote". Sin embargo, señaló que "aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, esta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos". Además, expresó la "colaboración con la justicia" y su "confianza en los tribunales".

"La Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan", manifestó el obispo, quien pidió "perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en esta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir".

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