TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ABORTO
Una joven de 15 años pidió amparo al fiscal de menores, que estimó que corría riesgo de exclusión social si seguía adelante con su embarazo. La menor supo que estaba embarazada después del pasado 23 de septiembre, cuando entró en vigor la reforma de la ley del aborto.
Los cambios obligan a las adolescentes a contar con el consentimiento de sus padres para poder interrumpir la gestación. Pero los suyos no estaban de acuerdo y querían que el niño naciera y ocuparse de él ellos mismos. El conflicto acabó en un juzgado.
El fiscal de menores analizó la situación familiar en riesgo de exclusión social y de peligro para la niña y recomendó la retirada de la custodia y que se autorizara el aborto. Esa fue la decisión de la jueza de familia. Según las asociaciones pro-vida, con esta actuación se abre una peligrosa brecha.
La menor, que cumplía el resto de los requisitos, se sometió a la intervención la semana pasada en este hospital de Vigo. Ahora se encuentra en un centro de menores tutelado por la Xunta, lo que para algunos colectivos supone privar de libertad a una mujer por tomar sus propias decisiones.