La jueza rechaza la petición de Anticorrupción y no investigará a Esperanza Aguirre por prevaricación y malversación

La titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a Esperanza Aguirre por prevaricación y malversación por la reducción injustificada de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro.

Esperanza Aguirre no será investigada

Según el auto judicial, la posición de Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, "no justifica" que se le atribuya la condición de investigada. La decisión será aplicable también al exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, la exviceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández, y del exdirector General de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos, Jesús Alejandro Vidart.

"Tampoco puede esta Sala promover la exigencia de responsabilidades penales dando la espalda a otro de los principios sin cuya vigencia el derecho penal se convierte en un peligroso instrumento totalitario. Hablamos del principio de culpabilidad por el hecho propio. Cualquier juicio de autoría exige que la persona a la que se atribuye responsabilidad criminal haya ejecutado por sí la acción típica o, en los supuestos de coautoría, tenga el dominio funcional del hecho".

Tras la decisión, la política se ha mostrado "contenta" y "muy tranquila". "Se quería que todos los hospitales nuevos tuvieran habitaciones individuales para que pacientes y sus familias tuvieran intimidad. La jueza ha dicho que el hecho de que una persona esté en un cargo, no es responsable de hacer el tratamiento administrativo que requiere la política", ha dicho Aguirre.

Del mismo modo, ha recordado que el hecho de que "el expediente no se haya hecho correctamente será un asunto administrativo, pero la jueza ha dicho que olvidar el principio de la responsabilidad penal es un peligroso instrumento totalitario, el atribuir el delito a alguien solo por estar en el cargo en ese momento".

Pérdida económica superior a 10 millones de euros

Por su parte, Anticorrupción sostiene que esa reducción de camas se habría realizado sin procedimiento administrativo, lo que habría causado una pérdida económica al tesoro público superior a los 10 millones de euros.

Caso Púnica

La exmandataria consta como investigada en la pieza 9 del 'Caso Púnica', trama relativa a la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. En este caso, se le atribuyen delitos vinculados al desvío de dinero público y falsedad electoral.