Audiencia Nacional
El acusado tendrá que acudir a los juzgados más cercanos semanalmente y tiene prohibido salir del país, entre otras medidas cautelares.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado la puesta en libertad con medidas cautelares de Pompeyo González, el jubilado investigado por el envío de seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, Pedro Sánchez y a las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU.
En su auto, el magistrado le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más cercano a su domicilio, la prohibición de salida del territorio y la retirada del pasaporte, así como la obligación de fijar un domicilio y un número de teléfono donde puede ser localizado.
El investigado no tiene antecedentes penales
El instructor considera excesivo mantenerlo encerrado antes del juicio al no apreciar riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de que vuelva a cometer delitos. Sobre esto último, según el instructor, el investigado no tiene antecedentes penales previos a los hechos, por lo que no existen indicios que apunten a una posible reiteración delictiva, además de tener un domicilio conocido en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.
El juez tiene en cuenta también su avanzada edad y que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de enero, por lo que pueden adoptarse otras medidas cautelares de menos peso que la prisión provisional como las comparecencias ante el juzgado, así como la retirada de pasaporte y la prohibición de salida de España.
En su resolución -que puede ser recurrida ante el juez en reforma o en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- el juez advierte de que el incumplimiento de las medidas cautelares podría dar lugar a otras más graves, como el reingreso en prisión.
Pompeyo González, un enterrador jubilado de Miranda de Ebro (Burgos), fue detenido el pasado 25 de enero, después de que la Policía Nacional siguiera durante varios meses el rastro de lo que iba haciendo. Tras su arresto, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional el 27 de enero, acusado de un total de seis delitos de terrorismo. De las seis cartas, solo deflagró una (causando heridas leves en un trabajador) y otras cuatro fueron detonadas por expertos en explosivos de la policía. La última se neutralizó, lo que facilitó a los agentes las pesquisas.