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El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha autorizado la cremación de los restos mortales del niño Gabriel Cruz, el menor de ocho años que, según la investigación judicial, fue presuntamente asesinado a manos de Ana Julia Quezada el pasado 27 de febrero en un cortijo de Rodalquilar en Níjar (Almería) y cuya desaparición conllevó una fuerte movilización de efectivos durante 13 días hasta que su cadáver fue hallado.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado que el juez autorizó la incineración del cuerpo del pequeño mediante un auto dictado el pasado día 12 después de que ninguna de las partes se opusiera a la petición de Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres del menor, quienes dieron sepultura a sus restos en el camposanto de Fernán Pérez el pasado mes de marzo.
Cabe recordar que el instructor dio 15 días a las partes para que respondieran a este extremo a partir de la notificación del auto de levantamiento parcial del secreto de sumario, dictado el pasado 19 de junio. En esta línea, las mismas fuentes han indicado que el juez mantiene bajo secreto sumarial algunos folios a la espera de recibir determinados informes policiales, por lo que la instrucción finalizará "en breve".
El magistrado prohibió la cremación del cuerpo del niño el pasado 13 de marzo y autorizó únicamente su entierro ante la posibilidad de que fuera preciso practicar nuevas pruebas o proceder a una segunda autopsia, si bien el juez ya cuenta con los informes precisos al respecto que determinaron cómo había fallecido el pequeño.
Fue en ese mismo día que la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, declaró por primera vez durante más de hora y media ante los agentes de la Guardia Civil tras su detención en la Puebla de Vícar dos días antes, cuando transportaba el cuerpo sin vida y semidesnudo del menor en el maletero de su vehículo a más de 75 kilómetros de Las Hortichuelas de Níjar.
Por contra, en su última comparecencia ante la autoridad judicial, no llegó a responder a las preguntas formuladas por el magistrado para salvaguardar su "derecho de defensa" en cuanto en tanto pesaba aún el secreto sobre las diligencias. No obstante, dichas preguntas en las que se interesaban detalles sobre cómo se sucedieron los hechos, sí quedaron registradas.
El instructor señalaría la pertinencia de esta última citación, que apenas se extendió durante media hora, antes de proceder a levantar el secreto de sumario sobre las actuaciones de manera parcial sobre una causa en la obran más de 1.500 folios y de la que el acceso restringido continúa en casi una veintena de papeles, además de aquellos que puedan producirse con posterioridad sobre las pruebas aún pendientes de recibir.
Entre las diligencias practicadas se encuentran los informes periciales en relación a la autopsia, las escuchas policiales, los informes toxicológicos y otras pruebas encaminadas a esclarecer el crimen por el que la única acusada se encuentra investigada por asesinato, detención ilegal y un delito contra la integridad moral.