Juana Rivas pide ayuda a través de un vídeo para sufragar los costes para seguir luchando por sus hijos

Juana Rivas, que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por la presunta sustracción de sus hijos y que deberá pagar 1.912 euros a su expareja Francesco Arcuri por los gastos derivados del retorno de los dos menores, ha relanzado su campaña de captación de fondos a través de internet.

En un vídeo de YouTube, publicado en el portal especializado en la recolecta de fondos 'GoFundMe', esta vecina de Maracena (Granada) agradece el apoyo a su lucha por parte de la gente, plataformas, asociaciones, partidos y colectivos. "Es una lucha a voces, a gritos, del alma de una madre por que se haga justicia. No me voy a rendir y lo vamos a conseguir, esto va a ser una muestra para la sociedad, para que se sensibilice, hacia las madres a las que nos hacen creer que no podemos salir de esa situación", señala en el vídeo.

También hace referencia a la decisión del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que le ha ordenado recientemente que abone 1.912 euros a Arcuri por los gastos que le ocasionó después de que el pasado verano rechazara entregarle a los menores y él tuviera que desplazarse hasta España para recogerlos. "Las cosas van bien, aunque parezcan un poco negativas por las costas que he tenido que afrontar, eso lo esperábamos", ha dicho Rivas, que cree que el hecho de que la cantidad fijada se haya rebajado finalmente a cerca de 2.000 euros es "positivo".

Asimismo, ha avanzado que está programando un viaje y que "en muy pocos días" estará en Italia viendo nuevamente a su hijos, y ha destacado que el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y profesor de la Universidad de Granada (UGR) Miguel Lorente Acosta se haya sumado sin ánimo de lucro como perito a su causa.

Rivas ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que intentó actuar para proteger a sus dos hijos frente a Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que Juana denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia pendiente de resolución por la justicia italiana.