Examen de conducir
Se podría enfrentar a una pena de prisión de 3 a 6 meses por estos hechos que serían constitutivos de un delito.
Agentes de la Guardia Civil han investigado a un hombre de 35 años que acudió conduciendo un coche al examen que iba a hacer para recuperar el permiso de conducción, que lo había perdido por puntos un tiempo antes.
Todo ocurrió el pasado 12 de junio en Alicante. Un grupo de especialistas del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Alicante hicieron una revisión en los exámenes que se iban a realizar en la Jefatura Provincial de Tráfico de la ciudad. Así lo han comunicado fuentes de la Benemérita a la agencia de noticias Europa Press.
En uno de las controles que los agentes estaban haciendo en los accesos a las instalaciones, observaron algo que les llamó mucho la atención. Vieron que un turismo circulaba "de forma errática". Así, procedieron a identificarlo: el individuo que lo conocía era un varón de 35 años, de nacionalidad española. Iba acompañado por su mujer, su hijo menor de edad y un amigo.
Tras revisar los datos que aparecían del individuo en la base de la Dirección General de Tráfico, comprobaron que el conductor tenía el permiso de conducir caducado. Se le había ordenado su retirada previamente por perder la totalidad de los puntos.
Ese mismo día en el que le identificaron los agentes, el mismo estaba inscrito para hacer el examen de Reeducación y Sensibilización Vial con la intención de recuperar el permiso. Por todo ello, el hombre fue investigado por los agentes y lo comunicaron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.
Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito que conllevaría una pena de cárcel de tres a seis meses, o una multa de doce a 24 meses así como a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad en un plazo de 31 a 90 días.
No fue la única 'sorpresa' que se llevaron los agentes durante la supervisión de estos exámenes de conducir. También, constataron que dos ciudadanos de origen indio habían usado varios dispositivos de intercomunicación y dos teléfonos móviles durante las pruebas.
Los guardias civiles intervinieron los dispositivos y denunciaron a los individuos bajo la Ley de Seguridad Vial, que castiga a aquellos que empleen dispositivos de intercomunicación no autorizados de forma reglamentaria en los exámenes para la obtención y recuperación de permisos, así como en otras autorizaciones administrativas para conducir.
Supondría una infracción muy grave, que conllevaría una sanción de unos 500 euros de multa y la imposibilidad de examinarse nuevamente durante uno periodo de seis meses.
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