EN LAS PALMAS
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha intervenido en un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria 49 ejemplares de Hypocampus spp (caballitos de mar) y dos de Syngnathus spp (agujas de mar) y ha detenido a sus dos dueños.
Un comunicado de la Comandancia de Las Palmas destaca este sábado que los propietarios del establecimiento son presuntos autores de sendos delitos contra la flora y fauna y de contrabando, al ser los caballitos una especie marina protegida tal como se refleja en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Agrega que esta especie también está protegida por la legislación española -tanto en la Len ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y su Reglamento- y el Catálogo Canaria de Especies Protegidas.
La intervención comenzó el pasado 4 de junio cuando un agente del Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio de la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria, del Gobierno autonómico, alertó al Seprona por encontrar en un restaurante de la capital grancanaria una bolsa con las citadas especies protegidas.
Los agentes comprobaron en el restaurante la información aportada, intervinieron los especímenes descritos e identificaron a los propietarios del local, un matrimonio, a la vez que iniciaron pesquisas para averiguar por qué tenían escondido ese género, comprobando como carecían una documentación que avalara su procedencia.
Además intervinieron las especies marinas encontradas y las remitieron al Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. En base a dichas actuaciones y al resto de diligencias policiales realizadas, la Guardia Civil recopiló los indicios suficientes para detener a la pareja como presunta autora de un delito contra la flora y la fauna, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses.
Además inhabilita para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años a quienes, entre otros comportamientos, cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre.
Los agentes obtuvieron otros indicios que apuntaban a un delito de contrabando, ya que presuntamente los detenidos distribuían dichas especies protegidas a través de los clientes, aunque la investigación sigue para tratar de identificar a la persona que suministró la mercancía. Los detenidos y el género intervenido han quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, concluye la fuente.