EL CONSEJERO VALORA LA SENTENCIA
Álvarez de la Chica ha destacado que la Consejería "siempre ha defendido que las agresiones a profesores son un atentado a la autoridad y que no era necesario un cambio normativo, lo que demuestra esta sentencia", como consecuencia también de que la Fiscalía calificó los hechos como "delito penal".
A su juicio, esto "tiene mucho que ver en buena medida con el protocolo de colaboración" que firmó el año pasado con la Fiscalía Superior de Andalucía, "que está dando muy buen resultado". "La sociedad debe saber que la educación es un espacio ejemplar de convivencia y cualquiera que la rompa, y lo haga de una forma violenta, debe tener las consecuencias que la ley prevé", ha dicho el consejero, para quien, en el caso de Granada, "es una sentencia que se ajusta a Derecho".