comenzará sus trabajos esta misma semana
La Iglesia católica española creará una comisión que elaborará una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y revisará sus protocolos de actuación ante estos casos, según ha informado la Conferencia Episcopal (CEE). Esta nueva normativa sustituirá a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.
Para actualizar estos protocolos, el Comité Ejecutivo de la CEE ha aprobado la creación de una Comisión que también servirá para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente Ricardo Blázquez en la reunión convocada para el próximo mes de febrero por el Papa Francisco con los presidentes de todas las Conferencias Episcopales para hablar de los casos de abusos. La Comisión, que estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta misma semana y tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico.
Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la vicesecretaría para Asuntos Generales. Esta comisión tiene también el objetivo de actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española que sirven para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, redactará una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.
Víctimas de La Bañeza acusan a Menéndez de encubrir abusos
El presidente de la comisión que creará la Iglesia Católica para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores, Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga (León), tuvo recientemente un caso de un sacerdote al que se impusieron sanciones por abusos que fueron muy criticadas por las víctimas.
El pasado 16 de septiembre, el Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ordenó la suspensión en su ministerio durante diez años al sacerdote José Manuel Ramos Gordón de la diócesis de Astorga, acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).
Durante los diez años de suspensión, el sacerdote deberá residir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga, y después podrá vivir en la Casa Sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa.
Los hechos fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero del pasado año que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones. El obispo de Astorga recalcó entonces que, aunque sean delitos que han prescrito civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación "exhaustiva" y dio cuenta de ello a la Santa Sede.
La sanción impuesta fue criticada tanto por víctimas como por diversos colectivos que exigían a la Iglesia más dureza e incluso su expulsión. Más polémica generó la sanción de un año impuesta a este mismo sacerdote por otros casos de abusos cometidos en el seminario de La Bañeza, de los que fueron víctimas casi una treintena de alumnos. Fuentes del colectivo de víctimas de La Bañeza han criticado el nombramiento de Menéndez, al que acusan de encubrir lo sucedido y de negar las indemnizaciones solicitadas.
El objetivo final es erradicar los casos de pederastia, constantes en cada visita del Papa Francisco a otros países: