PIDEN 200.000 EUROS DE INDEMNIZACIÓN
Una pareja exige al Servicio Madrileño de Salud 200.000 euros tras haber desaparecido las muestras de semen que permanecían congeladas en el Hospital Ramón y Cajal desde hacía 15 años. Éste es el segundo caso que ocurre en este centro en los últimos meses y que impedirá a una nueva pareja tener hijos biológicos.
Los hechos empezaron en enero de 2003 cuando al paciente, que tenía 32 años en aquel momento, fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin en un hospital de Burgos, por lo que tuvo que hacer frente a un tratamiento de radioterapia y quimioterapia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que logró remitir por completo el cáncer. Pero antes de comenzar con el tratamiento, los oncólogos le advirtieron de los problemas de fertilidad derivados del mismo, en muchos casos irreversibles, por lo que le recomendaron que almacenara y congelara varias dosis de semen de cara a su utilización futura en un tratamiento de reproducción asistida.
Con el fin de incrementar las posibilidades de éxito ante un futuro embarazo, el paciente realizó dos ciclos de criopreservación en el Ramón y Cajal con siete dosis almacenadas en este centro, responsable del mantenimiento y conversación en el banco de semen. Así consta en un documento que le fue entregado al paciente por los doctores de la Unidad de Andrología, que se comprometían a notificarle previamente cualquier tipo de cambio en la situación de las siete dosis.
Como consecuencia del tratamiento oncológico, el hombre sufrió azoospermia, una alteración del semen que afecta a su calidad e impide el embarazo, por lo que se confirmaba que sus muestras de semen en el Ramón y Cajal eran ya su única baza para tener hijos. Desde ese momento, el hospital le comunicó periódicamente que las muestras estaban controladas hasta que en 2017 la pareja se puso en contacto con el centro para iniciar el tratamiento de reproducción asistida, pero a los pocos días de su solicitud recibieron un inesperada llamada del centro para concertar una reunión. El motivo era que el hospital no localizaba las muestras de semen, lo que "suponía que jamás podría tener hijos por un error garrafal e irreparable de gestión del banco de semen", según recoge la reclamación presentada por los letrados Javier de la Peña a Isabel Bonilla, de Lex Abogacía.
Se da la circunstancia de que este relato coincide casi punto por punto con el de Javier, otro joven que también reclama 200.000 euros al Servicio Madrileño de Salud, porque el mismo hospital perdió inexplicablemente sus dosis de semen tras 16 años almacenados. Al igual que sucedió con Javier, los doctores reconocieron abiertamente a este otro paciente que "no sabían que había ocurrido con sus muestras, que habían buscado en todos los tanques y que no habían logrado encontrarlas", de ahí que les recomendaran que tomaran las medidas legales oportunas.
Como alternativa, los doctores les ofrecieron que se sometieran a un tratamiento de reproducción asistida con semen de donante sin necesidad de estar en lista de espera. Pero lo más grave, señala el escrito, es que el hospital todavía no ha podido dar una sola explicación de lo que ha ocurrido. "No se sabe si las muestras se han destruido, si se han extraviado, se han donado a otras parejas o se han utilizado para investigación".
Con este panorama, el hombre presentó en abril de 2017 una queja al Ramón y Cajal y, ante la falta de respuestas, solicitó siete meses después su historial clínico, pero la respuesta del centro fue nuevamente sorprendente cuando le comunicó que no consta en sus archivos ningún historial de este paciente, pese a que se había realizado varios seminogramas. Ante la falta de explicaciones del hospital, que desconoce lo sucedido con las muestras, los abogados se plantean la posibilidad real de que "el material biológico del hombre haya sido empleado para una donación a otra pareja sin su consentimiento, de forma que podrían existir hijos biológicos sin él saberlo ni haberlo consentido, e incluso de ser capaz de no saberlo jamás".
Es por ello, que la pareja reclama una indemnización de 200.000 euros debido a la imposibilidad de ser padres biológicos, por la falta de explicaciones reales sobre el destino de las muestras, ante la posibilidad de que dichas muestras hayan sido destinadas a una donación y porque durante 15 años siempre se les informó de que estaba bajo control.