Bancos
Lo que comenzó con una petición en 'Change.org' de un pensionista de 78 años, Carlos San Juan, se ha convertido en un movimiento popular ante el que el Gobierno se ha comprometido a tomar medidas
Carlos San Juan de Laorden impulsó hace unas semanas una iniciativa en la plataforma 'Change.org' para solicitar un trato más humano a las personas mayores en las entidades bancarias. Este pensionista de 78 años jamás imaginó que apenas unos días después, dicha propuesta superaría las 300.000 firmas y encontraría un respuesta pública por parte del Gobierno.
El problema no se reduce solo a los trámites bancarios, también se da, por ejemplo, a la hora de pedir cita con el médico, ya que muchos servicios sanitarios -sobre todo desde la llegada de la Covid- solo permiten realizar esta gestión a través de Internet.
Pero el caso del dinero es el más acuciante, sobre todo por la cantidad de sucursales y agencias bancarias que han cerrado a lo largo de los últimos años, especialmente en la España rural, lo que obliga a muchos de sus habitantes que no saben usar las herramientas tecnológicas a recorrer kilómetros en coche o autobús cada vez que quieren sacar dinero.
Que los bancos "cumplan su parte"
Carlos San Juan confía ahora en que la respuesta del Gobierno no se quede en meras palabras y los bancos "cumplan con su parte".
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dijo la semana pasada, en ese sentido, que el sector bancario necesitaba adoptar medidas para garantizar el acceso de las personas mayores de 65 años a los servicios financieros.
Ahora el Gobierno da un mes a las entidades bancarias para que mejoren sus servicios de atención al cliente para las personas mayores.
Una medida que llega después de la iniciativa de Carlos que, a su vez, motivó que el pasado martes la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado este martes al Gobierno que regule de forma inmediata un marco legislativo que ayude a acabar con la exclusión financiera que sufren los más de diez millones de personas mayores y pensionistas que hay en España.