BARCELONA | PIDEN 223 AÑOS DE CÁRCEL
El ginecólogo, que trabajó en el Centro de Asistencia Primaria (CAP) de la calle Río de Janeiro de Barcelona, ha negado los cargos en el juicio que ha empezado este lunes en la Audiencia provincial, aunque ha afirmado que es "cariñoso".
"Soy amable, escucho a los pacientes, les hablo. Soy quizás un poco diferente al resto de profesionales", ha destacado Sami Y., para quien el fiscal pide 223 años de cárcel, en su declaración ante la juez, en la que ha insistido en la falsedad de las acusaciones. Las considera una "agresión muy grave" a su persona y como profesional, ya que nunca ha hecho tocamientos de clítoris, pechos, introducción de dedos en la vagina y en el ano con ánimo libidinoso.
También ha explicado que algunas mujeres tienen el agujero vaginal más delgado o, en el caso de las personas obesas, o es más difícil hacer este tipo de análisis en ellas, por lo que se puede haber realizado algún "roce involuntario" al llevar a cabo tactos vaginales.
Ha negado además tocamientos en los muslos y haber puesto hielo en los pezones, como algunas pacientes denuncian, y califica estas acusaciones de "maliciosas y tendenciosas", ya que en sus consultas no tiene hielo ni nevera.
El ginecólogo ha sentenciado que siempre ha trabajado con un guante en cada mano y que negárselo es "lo más doloroso" que ha oído en su vida profesional. "Creo que no he visto a ningún ginecólogo en mi vida que utilice más guantes que yo", ha afirmado, y ha dicho que no dedicaba a cada paciente más de 15 minutos, con la presencia de una enfermera.
Sobre la presencia de personal de enfermería en el CAP y en sus consultas privadas del centro médico Cemedic de Premià de Mar (Barcelona) y de la calle Doctor Pi i Molist de Barcelona, ha asegurado que estaban a su lado, aunque no puede certificar que estuvieran en cada instante de la consulta: "Me sorprende que las pacientes digan que no".
El fiscal lo acusa de 35 delitos de abusos sexuales en sus distintas modalidades por presuntamente haber realizado al menos 29 episodios de abusos, y ha pedido una pena de 223 años de cárcel y que indemnice a cada víctima con 6.000 euros por daños morales.