Canarias
La Fiscalía Superior de Canarias había solicitado la suspensión inmediata del nuevo protocolo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya se ha pronunciado. Acuerda suspender cautelarmente el protocolo aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo que impone identificar a los menores extranjeros no acompañados rescatados en el mar antes de que se deriven al sistema de acogida.
Se paraliza la normativa mientras se resuelve el asunto. Desde la Fiscalía Superior de Canarias se había solicitado la suspensión inmediata del nuevo protocolo de atención a menores migrantes no acompañados, aprobado recientemente por el Gobierno regional, al considerar que vulnera derechos fundamentales.
El Ministerio Público presentó el miércoles el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), exigiendo medidas cautelarísimas que paralicen el protocolo de forma urgente, ya que "su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo" en la que se encuentran los menores al llegar a las costas canarias.
Este protocolo, impulsado por el Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular, establecía una serie de trámites policiales y administrativos que ralentizan la acogida de los menores migrantes, algo que, según la Fiscalía, incumple con el principio de igualdad recogido en la Constitución Española y la Convención de los Derechos del Niño.
El protocolo, que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el jueves de la semana pasada, establece que los menores migrantes deben pasar por un proceso de identificación policial, ser inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y esperar una resolución administrativa que asigne su ubicación. Solo entonces, el Gobierno autonómico podrá verificar la disponibilidad de plazas en los centros de acogida. Este proceso ha sido criticado por la Fiscalía, ya que, según subraya, "permite la permanencia de menores en centros policiales, retrasando su entrada en los centros de protección adecuados".
Además, el Ministerio Fiscal ha señalado que el protocolo no contempla el impacto psicológico que estos trámites pueden tener en los menores, especialmente en aquellos que han llegado solos y tras experiencias traumáticas.
María Farnés, fiscal superior de Canarias, ha sido contundente al afirmar que no existe justificación para someter a los menores a este proceso, ya que "la ley establece que deben estar en centros de acogida adecuados desde el primer momento".
El recurso presentado por la Fiscalía y la suspensión cautelar del TSJC llega en un momento de creciente tensión entre el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, y el Gobierno central. Clavijo dejó entrever que el protocolo podría tratarse de una medida para forzar la intervención del Estado: "Si este revuelo ha conseguido que el Gobierno de España y el Partido Popular se sienten, bienvenido sea".
Desde el Ejecutivo central, la respuesta ha sido contundente. Este martes, el Consejo de Ministros dio el primer paso para llevar el protocolo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que invade competencias estatales y discrimina a los menores migrantes.
Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual miembro del Gobierno central, declaró este viernes en una entrevista en COPE Canarias que los informes jurídicos del Gobierno de España son claros al señalar que el protocolo "otorga competencias al Gobierno autonómico que no tiene y vulnera la Constitución". Torres aseguró que, si no se llega a un acuerdo, el asunto será llevado al Tribunal Constitucional. "Este protocolo discrimina a un menor extranjero respecto a otro que no lo es", añadió Torres, respaldando la postura del Ejecutivo central.
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