NO SE TEME POR LA VIDA DEL ANIMAL
La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha presentado una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) contra el propietario de un burro al que obliga a cargar un carro con chatarra.
La fundación animalista considera que el dueño del burro ha cometido numerosas infracciones de la ley de protección de animales de Cataluña y de las Ordenanzas Municipales. Según ha denunciado FAADA, el Ayuntamiento de Mataró ha consentido durante años que el propietario "vulnere sistemáticamente la ley y las ordenanzas de la ciudad".
FAADA se ha reunido varias veces con las administraciones para intentar que decomisara el animal, pero ante la falta de acción de las mismas, su departamento jurídico ha decidido interponer formalmente una denuncia ante el Ayuntamiento para que proceda a sancionar e inhabilitar al propietario para que ejecute el decomiso.
"Es inaceptable que una administración que en sus propias ordenanzas sobre Tenencia de Animales Domésticos manifiesta como objetivo garantizar el máximo respeto a los derechos de los animales, pase por alto esta situación de maltrato", según FAADA.
El Ayuntamiento de Mataró ha relegado la competencia del caso al Departamento de Agricultura (DARP), ya que el consistorio tiene ordenanza en "animales domésticos y de compañía", pero no en animales de carga, y ha señalado que los resultados del informe del DARP han concluido que no hay maltrato animal.
Por su parte, fuentes del DARP consultadas han reconocido su colaboración y ayuda al Ayuntamiento realizando unas analíticas y un informe que han concluido que los problemas del animal podrían resolverse con una dieta, que no se teme por la vida del animal, y que, por lo tanto, no procede el decomiso.
El informe relata que los Agentes Rurales han visitado las instalaciones y han informado de que, según declaraciones del propietario, el animal no se alimenta correctamente ni bebe con la frecuencia necesaria.
Los servicios de veterinarios (SVO) efectuaron una visita de comprobación y dieron un plazo de tiempo al titular para legalizar sus instalaciones, dar de alta al animal en la base de datos y asesorarse con un veterinario clínico en temas de salud y alimentación. El DARP es consciente de que el animal podría encontrarse en unas mejores condiciones, tanto higiénicas como alimenticias, y ha asegurado que ya trabaja en ello.