Coronavirus
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive las querellas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia de coronavirus, que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma.
El Ministerio Público explica que el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ha remitido un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Ejecutivo, sin pronunciarse aún sobre la treintena de denuncias que quedan pendientes de informar.
Las razones de la inadmisión
Sin entrar en detalles ni abordar los motivos de la decisión, la Fiscalía se limita a reseñar que "en cuanto al fondo y contenido de las querellas presentadas hasta la fecha", el informe "solicita su inadmisión". En su escrito incluye motivaciones como éstas:
El informe de la Fiscalía recoge en su página 11 que mientras que algunos de los hechos relatados en la querella no resultan constitutivos de ilícito penal, otros no se fundamentan, "más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones de los querellantes", y continúa afirmando que "lo cual, no solo hace inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica y prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento y nuestra jurisprudencia".
Asimismo, en la página 14, el escrito reconoce que los querellantes se limitan a manifestar su discrepancia con la actuación política desarrollada por los querellados, "no aportando elemento objetivo alguno que permita conectar las situaciones de riesgo para los trabajadores y las muertes que se atribuyen a causa de la crisis sanitaria desatada por la enfermedad COVID-19 con la actuación desarrollada por los querellados y, mucho menos, con la infracción de los deberes inherentes a su cargo".
Sobre la distribución de test defectuosos
Sobre las razones que podrían dar lugar a atribuir la ejecución de delito contra los derechos de los trabajadores al Ministro de Sanidad y al Ministro del Interior, el informe de la Fiscalía, en su página 26, indica que no se pueden atribuir esos delitos por la hipotética distribución de test defectuosos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que "nada tiene que ver en su adquisición".
Los argumentos de inadmisión de las querellas también ponen el foco en que no se ha justificado "tan siquiera indiciariamente, en qué contribuyó la actuación de los querellados a crear o aumentar un riesgo que, además de no resultar preexistente, parece palmario que jamás se halló, ni pudo hallarse, controlado. Extremo que impide equiparar la inacción que se les atribuye a la causación activa de las muertes que se les imputación".
En definitiva, el Ministerio Fiscal afirma que no es posible "subsumir los hechos en ninguno de los delitos examinados ni en cualquier otro tipo penal, siendo inviable iniciar una investigación en tales circunstancias". Una postura que le lleva a concluir con la inadmisión a trámite de la querella y el archivo de las actuaciones.
Sobre la acusación de homicidio imprudente
En cuanto a los delitos de homicidio imprudente atribuidos por los querellantes, el informe apunta a que al no tener el Ministro de Sanidad, Salvador Illa el carácter de "legalmente obligado" en cuanto a los delitos contra los derechos de los trabajadores, "difícilmente se le pueden atribuir los resultados lesivos".
Sobre este punto, en la página 31 se recoge que "lo cierto es que no se advierte que los querellados pudieran haber infringido deber u obligación alguna, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos", explica. Según explica la Fiscalía, "en este momento procesal, resulta posible afirmar la evidente imposibilidad de atribuir a los querellados los distintos resultados lesivos acaecidos como consecuencia de la pandemia" generada por el coronavirus.
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