DANA
La Fiscalía considera que "los hechos relatados en la querella no alcanzan el umbral del ilícito penal".
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha pedido la inadmisión y el archivo de la querella presentada contra la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA de Valencia de 2024, y su marido, Jorge Martínez, por varios delitos, al considerar que hay "criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal".
La querella fue presentada por el abogado y youtuber Rubén Gisbert ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por los delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir determinados delitos, y pedía entre otras cosas anular la instrucción, extremo este que ya ha sido rechazado por la instructora.
La jueza ha denunciado un intento de "dinamitar" la causa promovido por por este abogado, que representa a ocho víctimas de la riada, y que ha denunciado que el marido de la jueza, el también instructor Jorge Martínez, ha participado en la toma de declaración de testigos en la fase inicial de investigación de la tragedia en un juzgado de Catarroja. Gisbert que ha aportado grabaciones en las que supuestamente se escuchaba al magistrado participar en los interrogatorios a los afectados, pedía en su querella "apartar inmediatamente" a la jueza, suspenderla tanto a ella como a su marido de la carrera judicial, que se hiciera una "evaluación psiquiátrica" de la magistrada y trasladar toda la instrucción a la Audiencia Nacional.
La querella fue anunciada por Gisbert en Les Corts Valencianes el mes pasado, cuando compareció en la comisión de investigación sobre la DANA para explicar las acciones que llevó a cabo a través de su asociación 'Solo el pueblo salva al pueblo', a quien la oposición le acusaron de "oportunista" y dudaron de su credibilidad. En esa comparecencia, Gisbert dijo que la investigación de la jueza es "sesgada" y la acusó de prevaricación y de "usurpación de funciones públicas en la figura de su marido, que la ha sustituido durante las prácticas de las diligencias".
Las defensas de los investigados en la causa, Salomé Pradas, exconsejera de Interior, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra expediente disciplinario a la jueza por los mismos hechos.
La jueza Ruiz Tobarra ya acordó a principios de marzo no admitir a trámite los incidentes para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones presentados por esta misma acusación particular, al considerar que era "un fraude procesal" para intentar apartarla con "toda clase de argumentos burdos e inconexos" y un "memorial de agravios".
La instructora afirmó entonces que el escrito del letrado "rezuma desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal" y una "absoluta animosidad" hacia ella, además de ser "una mezcolanza de ideas" que sitúan en "una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal". La magistrada también ha denunciado una campaña de acoso contra ella y ha pedido amparo al Poder Judicial por declaraciones del diputado del PP, Rafa Hernando, en las que la acusa de prevaricar en la instrucción.
Sin embargo, en lo que se refiere a posibles responsabilidades penales, la Fiscalía cree que esos hechos no son constitutivos de delito. "El análisis detallado de los hechos objeto de querella, así como el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula en esta arroja criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal", dice el escrito del fiscal.
El Ministerio Público presentó el viernes día 13 el informe que había sido solicitado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tuvo entrada en la Fiscalía el lunes 9 de marzo. El magistrado al que se ha encargado la ponencia para decidir su admite a trámite o no la querella es Antonio Ferrer, quien ya rechazó otra querella presentada contra la jueza de Catarroja por Manos Limpias.
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