Detención
Los presuntos hechos ocurrieron en Torre Pacheco, en la Región de Murcia. El acusado niega haberlas agredido y amenazado con despedirlas si interponían una denuncia. La Fiscalía pide 95 años de cárcel.
La Fiscalía ha pedido 95 años de cárcel para el capataz de Torre Pacheco acusado de haber agredido sexualmente a 6 trabajadoras que se encontraban en situación irregular en la finca que explotaba.
Los hechos se produjeron en el año 2020. El acusado, un hombre de 58 años, atentó presuntamente contra la libertad sexual de estas trabajadoras y las amenazó con acudir a la Guardia Civily despedirlas si interponían una denuncia.
A pesar de ello, varias de ellas, que al parecer recibían un trato vejatorio, decidieron denunciar los hechos por los que este lunes se juzgan a este hombre.
En la primera sesión del juicio, el acusado, que ha declarado con la ayuda de una intérprete, ha negado rotundamente haber agredido a ninguna de las denunciantes y, eso sí, ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales "dos o tres semanas antes" que lo detuviese la Policía con una de ellas en un campo donde se juga a fútbol en la localidad, no en la finca donde se desarrollaban las labores agrícolas y en las que, al parecer, habría cometido los delitos por los que se le juzga.
Al resto de víctimas niega haberlas abusado y a una de ellas la acusa de "ser la causante de todo" porque, asegura, su jefe la despidió y decidió vengarse de él.
La Fiscalía pide que las víctimas declaren a puerta cerrada
La Fiscalía, ante la gravedad de los hechos, ha pedido que las denunciantes declaren a puerta cerrada para proteger su intimidad.
Asimismo, ha pedido evitar que se encuentren o confronten visualmente con el acusado y que puedan estar acompañadas durante su testimonio por una persona de su confianza, una petición que ha sido apoyada por los abogados de todas las víctimas.
El abogado de la defensa sí se ha mostrado conforme a que declaren con alguien de su confianza y se evite la confrontación visual con su cliente, pero ha rechazado la posibilidad de que las declaraciones se hagan a puerta cerrada.
En este sentido, el magistrado presidente ha aceptado disminuir la publicidad del acto exclusivamente para las declaraciones de las víctimas, que testificarán detrás de un biombo y acompañadas por una persona de su confianza que no deberá intervenir.